Esta es la primera, de un ciclo de columnas sobre los proyectos de la Región de Antofagasta que se discutirán en la Comisión de Evaluación Ambiental, entregaré mi opinión sobre los procesos que se llevan a cabo y como estos afectan la calidad de vida de las personas, valorando el desempeño de las autoridades y en especial de las empresas que invierten en nuestro territorio.
La semana pasada asistí a la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta donde se calificó el proyecto “Planta Desalinizadora y Suministro de Agua Industrial” de la compañía Minera Spence S.A., una desalinizadora que será construida a 12 kilómetros al noroeste de la ciudad de Mejillones. Su misión, desalar agua de mar con un caudal de 1.000 litros por segundo; posteriormente, mediante un acueducto trasladará esa agua a la faena minera ubicada en Sierra Gorda para usarla con fines industriales. El acueducto tiene una longitud de 150 kilómetros desde la Bahía de Mejillones pasando por las comunas de Mejillones, María Elena y Sierra Gorda.
La empresa admite varios impactos ambientales que en el proceso de calificación ambiental buscó mitigar. Se evaluó desde la cantidad de sal que se devolverá al mar, la afectación de zonas de anidación del Gaviotín Chico en la costa de Mejillones e impactos sobre el sitio Esperanza 125, donde se encuentran restos fosilíferos. Lamentablemente, este tipo de proyectos no tienen normas en Chile, en especial sobre salinidad de descargas que vuelven al mar, por eso utilizan normas de referencia internacional, principalmente de la Environmental Protection Agency de Estados Unidos (EPA), situación reconocida por el propio SEA en la presentación del proyecto. De todos modos, las medidas de mitigación solo cumplen estándares mínimos, muy por debajo de lo que podría aportar una empresa como Spence, controlada por BHP Billiton, esperaría que una empresa con un nivel de inversión tan importante, extendiera sus compromisos ambientales para la protección y conservación del Gaviotín Chico más allá del área de influencia de su proyecto.
De la sesión a la que asistí quiero destacar una observación alarmante, para mi opinión, que fue planteada por el Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Medioambiente Felipe Lerzundi sobre las emisiones de NO2 de la planta desaladora, esta emitirá una cantidad importante al aire llegando al límite de superación de la norma nacional para este contaminante, pero al no superarla, la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Patricia de la Torre, solicitó a la comisión desestimar la observación del SEREMI de Medioambiente. En mi experiencia, aquí se presenta un conflicto entre servicios del Estado que no había presenciado en todas mis visitas a la Comisión de Evaluación. Me desconcierta que el principio preventivo de las ley ambiental chilena no aplica para organismos tan importantes como el SEA y que pudiendo prever, no lo hacen, afectando en el futuro a miles de personas que no tendrán voz para oponerse. Siento que es urgente que quienes observamos el desarrollo de la problemática ambiental pongamos atención a hechos como este.
Si me preguntarán por otro punto importante en la sesión, sería la intervención de la SEREMI de Salud Lila Vergara, quien insistió en que se reconociera la facultad de autoridades para aplicar el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, en caso que un plan de monitoreo ambiental voluntario de una empresa detecte un impacto ambiental no previsto. Esto es de suma relevancia, considerando que ninguna autoridad con pertinencia ambiental ha requerido la aplicación del citado artículo, teniendo a la vista graves antecedentes como en el caso del Puerto de Antofagasta y la contaminación con plomo del Jardín Semillita, donde cualquier autoridad, desde el Gobierno Regional hasta las SEREMI pudieron pedir su aplicación para someter a revisión las Resoluciones de Calificación Ambiental del Puerto.
Desanima ver que la Directora del SEA de Antofagasta, mantenga una actitud de defensa corporativa frente a la comisión de evaluación durante la discusión y aprobación de los proyectos de las empresas, me impacta el bajo nivel de preparación técnica del Intendente Molina quien intervino preguntando sobre la “cantidad de grados con que se devuelve el agua al mar” del proyecto generando la incomodidad de algunas autoridades quienes tuvieron que hacerle ver que una desalinizadora no modifica la temperatura del agua como lo hace una termoeléctrica. De todos modos, respecto a la Directora del SEA, esperaría ver una actitud menos sesgada al momento de rebatir a los integrantes de la comisión de evaluación y más colaborativa para asegurar que las observaciones y consultas sean recogidas en las actas de la comisión donde se dé cuenta de la importancia de los puntos de vista tanto del SEREMI de Medioambiente como de la SEREMI de Salud de Antofagasta.
Finalmente, debo manifestar que en Chile muchos proyectos ingresados al SEIA son calificados y aprobados con normas ambientales homologadas a la EPA estadounidense. Esta agencia estatal ahora es dirigida por un negacionista del Cambio Climático elegido por Donald Trump; el propio Trump cree que el cambio climático no existe y por eso retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, desatando la crítica mundial. Por lo anterior, es preocupante que Chile aplique normas de referencia de Estados Unidos y no sea capaz de construir su propio cuerpo normativo acorde a la realidad que vivimos, ya que deberemos analizar nuestros procesos de calificación con los cambios que esta agencia pueda realizar a sus normas, considerando que la política de Trump es favorecer la explotación de recursos naturales sin control sobre el medioambiente y las personas, ¿queremos estar a merced de una agencia fuera de nuestras fronteras cuyas políticas están dirigidas por un ignorante ambiental como Trump?
