Un anexo a las indicaciones sustitutivas del proyecto de ley de migraciones que ingresó el Gobierno este miércoles, calcula que el costo para el Fisco asociado a la inmigración es de $154.358 millones, lo que considera dinero utilizado para remuneraciones, operación y funcionamiento de personal que realiza labores con extranjeros.
Al respecto, la Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, reconoce que los costos son altos para el Estado, pero hace la salvedad de que la inmigración no solo trae gastos al fisco, sino que también beneficios, ya que impulsan la actividad económica al incrementar la fuerza de trabajo.
“La inmigración tiene muchos beneficios económicos”, insiste la Dra. Norambuena. “El porcentaje menor que está establecido para la contratación extranjeros, de un 15% del total de trabajadores en una empresa, debe aumentarse, porque muchos rubros los requieren”, sostiene.
Aunque sostiene que el enfoque de las medidas sustitutivas, centradas en las restricciones para el ingreso de extranjeros, son adecuadas porque vienen a dar solución a un problema real, que serían las pocas trabas que pone Chile para la entrada de migrantes, enfatiza que la legislación también debe considerar los derechos de una población que aporta al país.
“A veces se critica este fenómeno, sin considerar que los inmigrantes que tienen un trabajo normal son personas que, como todo chileno, tienen que pagar impuestos. Cancelando esto, pagan todas sus obligaciones en áreas como la salud o la educación, por ejemplo”, señala la Dra. Norambuena.
Finalmente, señala que no debe escandalizar el número de inmigrantes que calculó el Gobierno a principios de abril. “Un millón de inmigrantes en la población total del país no es una cifra alarmante; estamos entre los países con menos población extranjera”, concluye.
