La Intendencia de Antofagasta como centro de tortura y la justicia que no ha llegado

Hector Maturana
Héctor Maturana. Presidente Corporación Providencia.

Cuando el Ministro Sumariante Vicente Hormazábal visitó Antofagasta el pasado Octubre de 2017 y realizó diligencias para esclarecer el asesinato de un obrero portuario Joaquín Espinoza Ojeda, hecho sangriento en la Intendencia de la ciudad y de otra persona en el Grupo de Instrucción de Carabineros más otras 5 denuncias en investigación, nos vuelve una vez más a repensar el tema  de la justicia y de los lugares comunes en nuestra ciudad donde se produjeron estos hechos establecidos como Terrorismo de Estado.

Esta reconstitución también vuelve a colocar una y otra vez el tema en recurrencia. El golpe de Estado , la presentación voluntaria de personas confiados en su inocencia. También pone en discusión la agilidad y profundización de la justicia que implica procesar y condenar por estos delitos de acuerdo a su gravedad con penas aflictivas que correspondan como fue el caso de la reciente condena a integrantes del Ejército por el asesinato de Nenad Theodorovic, Luis Muñoz y Elizabeth Cabrera.

Llama la atención la disparidad de criterios para delitos similares y su tardanza en investigarse. Se pierden rastros, en otros casos autores y testigos claves han fallecidos. La nula y compacta decisión de no colaborar, los pactos de silencio y la quema de archivos de las instituciones castrenses.

Otro elemento para su análisis, son los acuerdos secretos en los albores de la naciente democracia entre dirigentes del P.S y personeros del Ejercito cuando Emilio Cheyre era agregado militar en España, es allí en esas reuniones donde se traman  acuerdos que hoy entorpecen llegar a la verdad. Mas aún cuando los ministros de Justicia y de Defensa de la actual administración apoyan políticamente a los actuales dirigentes del Ejercito y no ponen el empeño de cerrar el penal Punta Peuco entre otras demandas.

Un tremendo daño, que carcome a nuestro país , porque en aras de la reconciliación y  unidad nacional se buscaron paliativos intermedios y con interlocutores que tenían un pasado oscuro en torno a esta discusión que La Concertación por la Democracia realizó en la superestructura , dejando abajo a sus componentes principales : los familiares , personas agredidas y la sociedad en su conjunto.

Fue más fácil y cómodo bajar el termómetro social del cumulo de indignación que los hechos violentos habían suscitados durante la dictadura, que repensar el país de futuro con justicia verdadera.

Los movimientos sociales y las organizaciones son un motor de un país real, sobretodo en materia de derechos humanos las distintas organizaciones han mantenido férreamente el legado y la memoria de los acontecimientos.  Nada ni nadie está olvidado manifiestan diariamente. Los hechos del pasado tienen directa relación con el país que tenemos.

Este proyecto de sociedad neoliberal que se consolidó tras el golpe militar no repara los elementos esenciales por la que se ha luchado incansablemente.

Volviendo a los lugares. Era vox populi que la Intendencia Regional de Antofagasta fue la primera ratonera y lugar de tortura de trabajadores y dirigentes de la Unidad Popular que siendo conminados a presentarse, lo hicieron con absoluta certeza de que no sería mucho el tiempo que permanecerían detenidos. Si nos remontamos a los hechos.  El plan zeta que inventó la CIA y ejecutó el Ejercito y afines  fue la justificación para que todos los detenidos sufrieran atroces torturas y sus vidas corrieran distintos destinos .

No hubieron condenas con respaldo judicial. Solo montajes. Todo se transformó en un largo martirio hasta el día de hoy para sus familias. Hace poco el Coro Canto, Vida y Esperanza, recibió el premio Patrimonio de la ciudad en el concurso Linterna de Papel del CNCA, en señal de reconocimiento. Cada 19 de octubre se oyen sus voces que exigen justicia en la Catedral de nuestra ciudad.