Con la reciente certificación de nueve monitoras y monitores comunitarios y dirigentas y dirigentes sociales en prevención de la violencia contra las mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género -SernamEG- en Antofagasta, la región avanza en traspasar a la comunidad las herramientas necesarias para detectar, atender y derivar oportunamente a mujeres que viven o han vivido violencia.
Estas certificaciones corresponden a estudiantes de trabajo social, sonido, enfermería y del centro de alumnos del instituto AIEP de Antofagasta, quienes se sumaron a la reciente certificación de catorce personas de Calama faltando solamente la comuna de Mejillones para completar la ejecución de este programa, perteneciente a la línea de prevención del programa Violencia Contra las Mujeres del SernamEG, durante el primer semestre del año.
“Es fundamental que la labor de prevención de la violencia contra las mujeres se ejerza desde lo comunitario como una forma de complementar y articular la labor del Estado para la prevención y erradicación de la violencia contra una mujer”, afirmó la directora regional del SernamEG, Viviana Ramírez Páez.
El 2015, ocasión en que partió esta iniciativa como meta presidencial y que a su vez fue una de las medidas contenidas en el Plan Nacional de Acción en Violencia Contra las Mujeres 2014 -2018, la región alcanzó un total de 54 certificaciones, con planes llevados a cabo en Antofagasta, Taltal y Calama, mismas comunas que un año después totalizaron 56.
Sin embargo, el alcance real abarca un rango superior, ya que cada persona que recibe su certificado se compromete a replicar lo aprendido a una institución comunitaria. Para el caso de las personas que recibieron los certificados este año en Antofagasta se estima la réplica a 270 personas en total y en Calama 420.
Para la Gobernadora de Antofagasta, Fabiola Rivero Rojas, “es bueno que tomen conciencia que el tema de la violencia es un crimen que afecta los derechos humanos de las personas y por eso nunca hay que tomarlo como un caso aislado, sino que siempre debe ser denunciado. Ni siquiera la ley de drogas tiene la facultad de allanamiento como ocurre con un hecho de violencia, pero hay que seguir avanzando”.
A nivel país hubo mil 417 monitores y monitoras en 2015 y dos mil 206 en 2016.
