El pasado 16 de agosto, la Contraloría dictaminó que 7 extrabajadores de la Municipalidad de Calama fueron despedidos de forma ilegal por parte de la administración de Daniel Agusto.
Sin embargo, desde el municipio loíno desconocen lo establecido y tras cumplirse el plazo de la restitución de los funcionarios desvinculados, se negaron a acatar la sentencia.
Tamara Aguilera, Administradora Municipal, se justificó frente a El Mercurio, alegando que no reincorporarán a estas personas hasta que no hayan agotado todas las instancias legales que puedan servir para revertir el dictamen de la Contraloría, pues ya presentaron un recurso de reconsideración y uno de reconsideración jerárquica dirigida a la Contraloria Nacional añadiendo que “además, nos queda el último resguardo que vendría siendo un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones”.
Aguilera piensa que estas instancias provocarían la suspensión momentánea de la sentencia de restitución de los exfuncionarios. Sin embargo, la profesional desconoce que su afirmación no es correcta, pues las reconsideraciones no suspenden los efectos de un pronunciamiento de la Contraloría.
Tras la terquedad de la municipalidad, se arriesgan a otro sumario.
