Es importante comprender que la educación es un derecho de todos y todas, que cada niñ@ debe tener garantizado desde que nace hasta que cursa estudios superiores. Que esta educación, al ser entendida como tal, no debe ser segregadora, no debe seleccionar niños y niñas por su condición social ni económica, y en ese sentido no debe responder a intereses mercantiles en donde la calidad será determinada según lo que tengamos en nuestros bolsillos. Por esta razon la educación no debe ser un bien de consumo, no debe endeudarnos por años ni tampoco mandarnos a dicom. La educación debe ser garantizada por el Estado y cuando me refiero al estado, me refiero a que es una responsabilidad de todos los chilenos y todas las chilenas.
Hoy el Gobierno de la Nueva Mayoría en torno a la discusión de la Ley a la Educación superior se comprometió a eliminar el CAE a fines del 2018, esto ha sido una de las luchas históricas del movimiento estudiantil: acabar con la educación de mercado y sacar a los bancos, los que han embargado a muchas familias por querer que sus hijos sean profesionales. Como estudiantes empujaremos con fuerza para que esto se cumpla y sin letra chica, además que se termine con el lucro en todo el sistema educativo, sacando a los empresarios de la educación – incluido a los sostenedores que solo ven lucro en la educación- y que se fortalezca la educación pública otorgando fondos basales a las universidad estatales, sobre todo a las regionales como la nuestra.
En Antofagasta se están llevando movilizaciones en donde padres y apoderad@s de colegios subvencionados salen a marchar por la educación de sus hij@s. La culpa no es exactamente de ellos, esto es culpa de un sistema económico que ya no da para más, que nos obliga a comprender la educación como bien de mercado, empresarios coludidos que instrumentalizan a las familias para defender su negocio con la educación. Un modelo económico que ha roto el sistema educativo, obligando a las familias a pagar sumas de dinero por costear una educación ‘’de calidad’’, una educación ‘segregadora’, una educación que promete ‘exitosos puntajes en pruebas estandarizadas’. Sin embargo, esto es a costa de que exista lucro por parte de sostenedores y dueños de estos colegios, lucro que no debiese existir en un derecho (como es la educación).
La marcha de los subvencionados del 22 de Abril, viene a barrer con todas las demandas del movimiento estudiantil, legitimando el lucro con fondos públicos, que pertenecen a todos los chilenos. Defendiendo la educación de mercado, y aceptando que la educación sea un bien de consumo y no un derecho social. Las familias tienen el derecho a elegir en que proyecto educativo confiar para que sus hijos estudien, pero que no sea la capacidad económica de sus bolsillos quien elija por ellos, como así lo defienden los sostenedores.
Es por esto, que estas manifestaciones como la del 22 de abril, es deber del movimiento estudiantil rechazarla tajantemente y salir con más fuerza para consagrar la educación pública como un derecho social, de calidad, gratuita y no sexista. No podemos permitir que nuestra situación económica determine nuestro establecimiento educacional. Se hace primordial continuar exigiendo desde todos los espacios que no queremos lucro dentro de nuestra educación, e inclusive que se tipifique como delito, ya que eso es lo que es. No queremos a las empresas expropiándose de nuestros sueños.
VICTOR TAPIA ARAYA
PRESIDENTE FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
VOCERO CONFECH
