Nuevamente la región de Antofagasta se ve vinculada a la grave crisis por la que atraviesa el Servicio Nacional de Menores (Sename), que mantiene en virtual abandono a miles de niños vulnerables en el país.
A los duros cuestionamientos al funcionamiento y criterios de selección, luego de conocerse que en Antofagasta un abogado de la red que trabajaba con niños bajo la protección del Sename se encuentra imputado por almacenamiento de pornografía infantil, se suma ahora también una arista de posible corrupción a la que se vinculan personajes políticos de la región.
Se trata de la investigación por presunto fraude al fisco en el Ministerio de Justicia, que es liderada por el fiscal Marcos Emilfork, quien busca determinar a los responsables de irregularidades en el programa Ascar, una iniciativa para mejorar las atenciones en las cuestionadas residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Durante las investigaciones por las muertes de niños y adolescentes en recintos del Sename, se detectó que existieron pagos irregulares o que se hicieron sin haberse prestado los servicios que los motivaban.
Entre ellos figura el ex funcionario del Ministerio de Justicia Franklin Ceballos, licenciado en Teología, quien admitió que se le pagaron más de $5 millones por funciones no realizadas. Además, dijo que fue reclutado para el programa Ascar tras un almuerzo en el Congreso con el Senador por Antofagasta, Pedro Araya y la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, según reveló un reportaje de “T13” emitido este domingo por Canal 13.
En el mencionado programa, se indicó que este programa social fue impulsado por el ex titular de Justicia y ex Senador por Antofagasta, José Antonio Gómez, quien aprobó, a través de sus asesores, la contratación a honorarios de la actriz Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de la Fundación Daya, quien recibió pagos por poco más de $17 millones por cumplir la función de terapeuta.
Sin embargo, Gazmuri explicó que esa sólo era la descripción de la función y que su verdadero rol fue hacer 40 charlas durante seis meses. “No fui contratada como terapeuta, esa es la definición de mis capacitaciones en el contrato. Más bien mi rol era de comunicadora“, indicó, tras lo cual comenzó “a trabajar en diálogos ciudadanos para abrir espacios de conversación ciudadana, bajar temas como estos y poder socializarlos“, señaló, agregando que no fue testigo de irregularidades.
El Ministerio Público sostuvo a “T13” que han prestado declaraciones 130 de los 150 funcionarios que trabajaron en el programa Ascar. La investigación de oficio lleva 1 año y, hasta ahora, hay un solo imputado: Javier Lagos, quien fuera jefe de unidad de Ascar, y que hoy sigue desempeñándose como funcionario del Ministerio de Justicia. También se indagan los delitos de realización de función pública diferente (a la contratada) y eventuales falsificaciones de documentos para justificar pagos, informó Emol.
En tanto, Diario Antofagsta solicitó a su unidad de prensa la versión del Senador Pedro Araya respecto a su eventual vinculación a este caso, la cual hasta el cierre de la presente edición no estuvo disponible.
