La idea de cinco diputados de la UDI de solicitar al Presidente electo Sebastián Piñera plebiscitar la reinstauración pena de muerte, a propósito del cruel asesinato de la pequeña Sophia en Puerto Montt, dan cuenta de un anhelo instaurado en algunos sectores de la sociedad que ven en el endurecimiento de penas, una forma de evitar este tipo de delitos.
En Chile 58 personas fueron condenadas por los tribunales a la pena de muerte desde que ésta fuera incluida en el ordenamiento jurídico en 1875. Del total, 29 de ellos habían cometido robo con homicidio; 24, homicidio calificado; uno por asalto con homicidio; uno por homicidio con incendio y tres por homicidio con violación.
El año 2001, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, la aplicación de la pena de muerte fue suspendida en nuestro país en virtud de cumplir con diversos tratados internacionales, dado que en la mayor parte de las democracias modernas la pena de muerte no se aplica. En el caso de Chile, la pena capital fue reemplazada con la de presidio perpetuo calificado, en la cual aquel condenado por esta última pena no podrá optar a la libertad condicional sino una vez transcurridos 40 años de privación de libertad efectiva.
A nivel internacional, la pena de muerte es considerada una violación por parte de los países que la practican de un derecho humano fundamental, el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, adopte la forma que adopte.
1. La pena de muerte entraña el peligro de ejecutar a inocentes.
En países como Estados Unidos, desde el 1976, más de 82 personas han sido liberadas de la prisión luego de haber sido sentenciados a la muerte a pesar de su inocencia. En otras palabras, 1 de 7 condenados a la pena capital han sido liberados luego de haberlos exonerado por completo. En Chile también existen diversos casos de personas inocentes que fueron consideradas culpables y pasaron largo tiempo en la cárcel, debido a que no contaron con los recursos económicos suficientes para acceder a una buena defensa o fueron perseguidos por motivos políticos.
2. La pena de muerte no tiene un efecto disuasorio efectivo.
No se ha demostrado en ningún sitio que el efecto disuasorio de la pena de muerte sea superior al del encarcelamiento. De hecho, en muchos de los países en los que se ha abolido la pena de muerte los índices de criminalidad han disminuido. El índice medio de asesinatos en Estados Unidos para los estados que utilizan la pena de muerte es superior al de los estados que no lo hacen. En 2006, 30 años después de que Canadá aboliera la pena de muerte para los delitos comunes, el índice de asesinatos había disminuido en más de un tercio.
3. No contribuye a lograr una sociedad más segura.
No hay pruebas científicas que demuestren que la pena de muerte brinda una solución al problema de la delincuencia. Por el contrario, la delincuencia puede reducirse mediante una policía mejor formada y equipada y mediante un sistema efectivo de administración de justicia, educación y equidad social, entre otras cosas.
4. Genera más angustia y perpetúa el círculo de violencia.
Las víctimas del delito original, y las personas ejecutadas por él, no son las únicas que sufren. Las familias de los condenados a muerte comparten el tormento psicológico de saber que la ejecución puede tener lugar en cualquier momento, y sufren un enorme dolor cuando finalmente ésta se lleva a cabo. La ejecución embrutece a quienes participan en el proceso. La lucha contra la delincuencia no debería crear más desdicha mediante más violencia. La sociedad debe afirmar la vida, no extinguirla.
5. La pena de muerte es una violación de derechos humanos, independientemente de que la opinión pública la apoye o no.
La historia está repleta de violaciones de derechos humanos que fueron respaldadas por la mayoría, pero que en la actualidad se contemplan con horror. La esclavitud, la segregación racial o el linchamiento contaron un respaldo generalizado en las sociedades en las que se produjeron, pero constituían graves violaciones de los derechos humanos de las víctimas.
6. La pena de muerte es para los pobres.
Quienes tienen acceso a pagar una buena representación legal, no terminarán en el corredor de la muerte. Sobre el 90% de los acusados que enfrentan la pena de muerte son indigentes y no pueden costear un buen servicio de abogado que los represente.
7. La pena de muerte es racista.
El 76% de los condenados a la pena capital en los Estados Unidos está conformado por los grupos pertenecientes a las minorías raciales (negros, latinos, asiáticos etc.), sin embargo, estos grupos representan sólo el 26% de la población estadounidense. Un negro convicto por matar a un blanco tiene 11 veces mayor probabilidad de ser condenado a muerte que un blanco convicto por el asesinato de un negro.
