El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó esta semana un contundente informe que reconoce la responsabilidad del Estado chileno en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la ex Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera. El documento fue aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH y constituye una de las investigaciones más completas sobre los crímenes cometidos en este enclave.
El informe sostiene que “pocas veces se ha observado en la historia del país un caso en el que se planteen tantas y tan diversas denuncias, en un período tan extenso y que involucra la vulneración de la casi totalidad del catálogo de derechos humanos“. A pesar de ello, añade el documento, el Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz.
Entre sus conclusiones, el informe detalla que desde el golpe de Estado de 1973, Colonia Dignidad actuó con total impunidad, y parte de su jerarquía colaboró con agentes estatales para detener, torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas opositoras al régimen militar. Además, se denuncia que los abusos sexuales y físicos cometidos por su fundador, Paul Schäfer, se extendieron hasta su fuga en 1997.
El Instituto plantea que aún no existe un reconocimiento oficial del Estado para las víctimas, salvo en los casos de ejecución, desaparición forzada, prisión política y tortura. Por ello, recomienda crear una comisión especial que aborde las vulneraciones cometidas en el enclave, así como garantizar el acceso a información actualmente resguardada bajo secreto por la Ley 19.992.
También se valora la decisión del Ejecutivo de avanzar en la expropiación de parte de los terrenos del lugar, medida que según el informe responde a las demandas históricas de las víctimas, pero que debe realizarse con participación, enfoque de derechos humanos y transparencia.
Durante la presentación del informe, se realizó además un conversatorio moderado por el periodista Néstor Aburto, con la participación de investigadores y exconsejeros del Instituto. La directora saliente del INDH, Consuelo Contreras, destacó el consenso alcanzado para aprobar el documento y subrayó la importancia de reforzar la misión del organismo en un contexto de amenazas globales a los derechos humanos.