La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una suboficial de la Armada que denunció haber sido violada por un superior, durante un rito institucional de ascenso. Pese a ello, la institución intentó responsabilizarla a ella, sancionándola por “abuso de confianza” y señalando que habría “propiciado” la agresión sexual al realizar un baile “provocativo”.
Los hechos ocurrieron durante la noche del 7 de noviembre de 2022, en un local de Valdivia donde se realizaba una ceremonia interna. Allí, según la denuncia, la funcionaria debió consumir una bebida cuya composición desconocía y perdió el sentido. En ese estado, un superior la trasladó a su hogar, donde —según el relato entregado— la violó.
Violencia institucional y prejuicios patriarcales
Lejos de centrar la investigación en el denunciado, la Armada dirigió el sumario administrativo contra la propia víctima. La Corte fue categórica: la institución actuó con prejuicios, estereotipos de género y un trato discriminatorio, configurando violencia institucional.
El fallo establece que el proceso disciplinario se basó en “creencias y opiniones preconcebidas” sobre la conducta de la mujer, construyendo reproches morales sin sustento normativo y tratándola como si fuera responsable de su propia agresión. Esta sanción incluso derivó en restricciones laborales, como prohibirle portar armas o ejercer guardias, relegándola a funciones administrativas.
Para la Corte, este actuar evidencia una “cultura institucional patriarcal y sexista”, tolerante con rituales, apadrinamientos, bromas, comentarios físico-sexuales y prácticas que perpetúan desigualdades de género dentro de la Armada. La sentencia concluye que todo ello constituye un serio obstáculo para la integración plena de las mujeres en la institución.
Órdenes del tribunal
La Corte de Valdivia ordenó:
- Eliminar completamente la sanción de todos los registros institucionales.
- Restituir a la funcionaria todas sus funciones sin restricciones.
- Mantener con reserva la investigación sumaria.
- Que el Ministerio de Defensa actualice el Reglamento de Disciplina de la Armada en un plazo de seis meses, para alinearlo con las leyes de igualdad y violencia de género.
- Implementar medidas orientadas a detectar y corregir prácticas discriminatorias, con participación del Ministerio de la Mujer, la Mesa de Inclusión y la Delegación de Género.
Un precedente para el país
La jefa regional del INDH, Constanza Montt, calificó el fallo como “histórico”, destacando que es la primera vez que un tribunal reconoce explícitamente que prácticas institucionales normalizadas dentro de la Armada constituyen violencia de género y que los procesos disciplinarios pueden revictimizar a quienes denuncian.
El caso expone, una vez más, cómo estructuras jerárquicas y masculinizadas pueden operar para silenciar, cuestionar o castigar a quienes se atreven a denunciar violencia sexual, en vez de protegerlas y garantizar justicia.