El exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, enfrenta un complejo panorama judicial tras ser inhabilitado por el Tribunal Electoral Regional (TER) por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad. Con once cargos acreditados de un total de quince, la sentencia lo deja fuera del ejercicio de cargos públicos por cinco años.
Pero Velásquez no ha bajado los brazos. Su defensa, liderada por los abogados Claudio Rivera y Javier Bonilla Cruz, recurrió al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) con la esperanza de revertir el fallo. Y no es menor quién encabeza la apelación: Bonilla Cruz es hijo del conocido abogado Carlos Bonilla Lanas, figura histórica del mundo jurídico en Antofagasta y con importantes conexiones en los círculos judiciales y políticos del país.
Una defensa con apellido de trayectoria
Mientras que Javier Bonilla es un abogado sin una extensa trayectoria ni muchos antecedentes públicos de causas de alta connotación, su padre, Carlos Bonilla Lanas, es uno de los juristas más influyentes de la región. Titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1973, fue Procurador Fiscal de Antofagasta durante casi tres décadas, liderando causas de alto perfil como las querellas del Consejo de Defensa del Estado contra los exalcaldes Daniel Adaro y Karen Rojo, además de tener participación clave en la arista regional del Caso Convenios.
Su trayectoria ha consolidado una red de relaciones institucionales, académicas y políticas. Como docente ha formado generaciones de abogados, y en el ámbito privado lidera el estudio Bonilla, Bustos y del Barrio.
Si bien no está formalmente incluido en el equipo defensor de Velásquez, se observa una coordinación cercana, dado que su hijo utiliza el correo del estudio jurídico de su padre como contacto oficial ante el TER para notificaciones de audiencias, como la realizada el 24 de septiembre de 2024. Un gesto que podría interpretarse como una señal de colaboración operativa entre ambos profesionales, padre e hijo, en esta causa.
Señales políticas y nexos judiciales
Carlos Bonilla también ha incursionado en política. Fue candidato a consejero regional por la Democracia Cristiana, partido en el que sigue participando activamente. En un grupo interno de mensajería WhatsApp de la DC llamado “Camaradas Región Antofagasta“, Bonilla escribió: “En estudio un pacto con Jonathan Velásquez para que vaya como independiente en la lista de la DC“, afirmando además que el presidente nacional del partido, Alberto Undurraga, ve con buenos ojos la idea.
Un día después de esos mensajes, Bonilla compartió en otro grupo de WhatsApp una fotografía donde aparece junto a Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del TRICEL. Una imagen que no pasaría de una postal entre colegas si no fuera porque Valladares nació en Antofagasta, estudió en el mismo colegio que Bonilla y tiene un rol clave del tribunal que resolverá la apelación de Velásquez.
La secretaria relatora del TRICEL, Carmen Gloria Valladares, es abogada de la Pontificia Universidad Católica, conocida por haber liderado la apertura de la Convención Constitucional. Nació en Antofagasta, estudió en el Colegio Inglés San José, y mantiene un vínculo con actores locales del mundo jurídico, como el abogado Carlos Bonilla.
Su rol en el TRICEL, donde consolida una trayectoria de 27 años, es fundamental, asimilable al Gerente General en una empresa. Como Secretaria Relatora es la Jefa Administrativa del tribunal y posee la calidad de Ministra de fe pública, con la facultad de autorizar todas las resoluciones y demás actuaciones del Tribunal. Además es superiora jerárquica de todo el personal, con potestad para nombrar y remover al Oficial Primero, al Oficial de Sala y al personal a contrata o a honorarios, además de celebrar todos los actos y contratos necesarios para el funcionamiento del Tribunal.
De allí que la imagen del abogado Carlos Bonilla junto a la Secretaria General del Tribunal que tendrá intervención directa en la causa, no pasó desapercibida. Tampoco, que Bonilla admitió mientras participaba como panelista en un programa de televisión local que mantiene una amistad con el exalcalde Jonathan Velásquez, admitiendo que el exedil le ayudó a “solucionar muchos problemas” y a renglón seguido opinó sobre el fallo del Tribunal Electoral Regional (TER) minimizando los cargos confirmados por el tribunal para inhabilitar a Velásquez. En sus declaraciones, Bonilla omitió el interés directo que tiene en el caso, considerando que su hijo figura -al menos nominalmente- como defensor del exalcalde.
Omisiones que también ha cometido la propia defensa del exedil, dado que tras la derivación del recurso de apelación al TRICEL, contaba con el plazo de 5 días para solicitar alegatos. Sin embargo, el plazo prescribió y la defensa de Velásquez no presentó ningún requerimiento, lo que implica que la causa podría ser resuelta de manera administrativa, sin alegatos. Un escenario que para conocedores del proceso judicial, podría favorecer un entorno menos expuesto a la opinión pública en la tramitación del proceso.
Antecedentes recientes que generan suspicacias
Carlos Bonilla no solo tiene una extensa trayectoria como exprocurador fiscal y litigante en casos de alto perfil, sino también una conocida cercanía con figuras políticas como el actual gobernador regional Ricardo Díaz. Durante su candidatura en 2024, Díaz fue inicialmente excluido por el Servel debido a un error administrativo. El TER confirmó la exclusión, pero el TRICEL revirtió la decisión, permitiendo su participación. En ese proceso electoral, Bonilla fue un férreo defensor de Díaz.
Hoy, su hijo representa a Jonathan Velásquez en una causa clave para el futuro político del exalcalde, mientras que ha mantenido un rol público activo en torno a la causa. Y aunque no hay antecedentes que cuestionen la independencia del TRICEL, los cruces de trayectoria entre actores judiciales y políticos, así como los nexos académicos y de amistad que conectan a Bonilla con actores relevantes del ámbito político y judicial abren interrogantes en distintos sectores sobre el alcance real de estas redes de influencia y la importancia de asegurar la máxima transparencia e independencia en este tipo de decisiones.
Hay que dejar a la intitucionalidad que haga su labor…al final el que nada hace nada teme..fin de la historia