Una historia de poder, familia y silencios institucionales
El voto del senador Pedro Araya Guerrero (PPD) y su defensa al juez Antonio Ulloa —destituido por sus vínculos con las redes de corrupción del abogado Luis Hermosilla— vuelven a poner bajo la lupa las conexiones de poder del clan familiar que también integra su hermano, el diputado Jaime Araya Guerrero (PPD).
Desde los orígenes humildes de su padre, el exalcalde Pedro Araya Ortiz, hasta las actuales redes políticas, judiciales y mediáticas que controlan sus herederos, la llamada “dinastía Araya” ha consolidado una estructura de influencia que combina cargos públicos, contratos millonarios y control informativo en la Región de Antofagasta.
Ambos parlamentarios, además, respaldan la denominada “Ley Mordaza 2.0”, una iniciativa que busca penalizar la publicación de filtraciones judiciales y que ha sido ampliamente cuestionada por el gremio periodístico.
La votación que reabrió viejas preguntas
El lunes 10 de noviembre, el Senado aprobó la acusación constitucional que destituyó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, acusado de filtrar información reservada al abogado Luis Hermosilla, figura central del mayor escándalo de corrupción judicial de los últimos años.
La votación fue contundente: 44 votos a favor, solo tres abstenciones y ningún voto en contra en su primer capítulo.
Una de esas abstenciones fue la del senador por Antofagasta, Pedro Araya (PPD), quien además generó comentarios cuando intervino defendiendo públicamente al magistrado. En su discurso, Araya cuestionó el “ruido mediático” en torno al caso y sostuvo que la acusación carecía de “fundamentos jurídicos sólidos”.
Su postura lo dejó en una posición política incómoda: defender a un juez vinculado al entorno de Hermosilla, justo cuando la ciudadanía exige mayor transparencia judicial.
La sombra de Hermosilla y las redes de influencia
El abogado Luis Hermosilla, hoy procesado por corrupción y tráfico de influencias, mantiene una red que se extiende por los pasillos judiciales y políticos del país.
El magistrado Ulloa fue acusado de compartir información interna del Poder Judicial, incluyendo la conformación de ternas y quinas para nombramientos de jueces. Por ello, la defensa de Araya hacia Ulloa no pasó inadvertida.
En redes sociales, su abstención fue interpretada como una señal de protección hacia sectores del Poder Judicial con los cuales mantiene vínculos históricos.
De hecho, Pedro Araya ha cultivado relaciones cercanas con magistrados y abogados influyentes, mientras su hermano Jaime Araya sostiene nexos con asesores y operadores políticos que controlan plataformas comunicacionales de sesgo político evidente.
De un liderazgo popular a una dinastía de poder
En Antofagasta, el apellido Araya tiene historia.
Pedro Araya Ortiz, quien fue alcalde de la ciudad entre 1992 y 2003, es recordado por su origen humilde como obrero de la construcción y por su cercanía genuina con la comunidad. Su trayectoria política, marcada por la austeridad y la credibilidad, lo convirtió en una figura respetada en la región.
Sus hijos —Pedro y Jaime— crecieron en un escenario distinto. Gracias a la estabilidad y proyección alcanzada por su padre, accedieron a una educación privilegiada que les permitió formarse como abogados y, desde muy jóvenes, entrar en contacto con redes políticas y económicas influyentes de la región.
Catapultados desde la política local al Congreso, los hermanos Araya han construido una estructura de poder amplia y sofisticada, más distante de los orígenes populares. Si el padre representó sencillez y confianza pública, los hijos encarnan una etapa diferente: la consolidación de una dinastía política con un funcionamiento tecnocrático, estratégico y mucho más elitizado.
Ambos iniciaron su carrera en la Democracia Cristiana (DC), pero tras disputas internas emigraron a Chile Primero y posteriormente al Partido Por la Democracia (PPD), donde militan actualmente. Su estilo político ha sido marcado por la autonomía y el pragmatismo: privilegian alianzas coyunturales antes que la disciplina partidaria. Un ejemplo emblemático ocurrió en 2024, cuando respaldaron a la candidata radical Marcela Hernando en la elección de gobernador regional, pese a que su partido apoyaba a Ricardo Díaz, quien finalmente resultó ganador.
El vínculo con Vivanco y el “Caso Muñeca Bielorrusa”
En 2018, Pedro Araya respaldó con entusiasmo la nominación de Ángela Vivanco a la Corte Suprema, describiéndola públicamente como “una persona íntegra” y “garante de imparcialidad”.
Hoy, aquella nominación vuelve a estar bajo escrutinio. Vivanco se encuentra suspendida por sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla, quien habría influido en fallos judiciales, incluida la causa conocida como “Caso Muñeca Bielorrusa”, donde Codelco fue condenado a pagar US$20 millones a una empresa bielorrusa.
Según reveló La Tercera, en enero de 2021 Araya participó en una cena privada en Lo Barnechea junto a la exministra y exconsejera del CDE Javiera Blanco, el abogado de Piñera y Chadwick Samuel Donoso, la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa y el juez Mario Carroza.
El encuentro fue descrito como una reunión de carácter “social” de un grupo que suele juntarse, y que esa noche celebraba la llegada de Carroza a la Corte Suprema. Aun así, la instancia reunió en un mismo espacio a autoridades judiciales, abogados influyentes y al senador Araya, quien ya entonces ocupaba un rol clave en la Comisión de Constitución y en la aprobación de altos nombramientos judiciales.
De hecho, Araya fue uno de los senadores que impulsó la designación de Ángela Vivanco en el máximo tribunal del país.
El nexo regional: Caso Hospital UA
Los tentáculos de esta red también alcanzan una de las instituciones más relevantes de la región: la Universidad de Antofagasta, específicamente a través del fallido proyecto del Hospital Clínico Universitario (HCUA).
La Contraloría General de la República detectó más de $3.000 millones en irregularidades asociadas a este proyecto, incluyendo pagos observados por $86 millones que fueron gestionados judicialmente por el diputado Jaime Araya, quien actuó como abogado patrocinante en 2019, según consta en documentos judiciales que forman parte del expediente.
En aquel período, el hoy senador Pedro Araya ya ejercía como parlamentario y tuvo un rol central en el proceso político que permitió que el antiguo Hospital Regional de Antofagasta fuera traspasado a la Universidad de Antofagasta, una decisión estratégica que posteriormente derivó en la creación del proyecto del HCUA y en las irregularidades hoy investigadas.
Entre los mencionados en el caso figuran exautoridades universitarias y figuras políticamente vinculadas al territorio.
A ello se suma otro dato relevante: Vicky Gutiérrez Cortés, pareja del diputado Jaime Araya, participó en la gestión administrativa del proyecto hospitalario en la Universidad de Antofagasta y recibió indemnizaciones por su salida, según consta en documentos oficiales del proceso.
Diversas fuentes consultadas por este medio —incluyendo autoridades y profesionales vinculados al sistema judicial que solicitaron reserva de su identidad— señalaron que Gutiérrez mantendría vínculos laborales o funciones asociadas a la Fiscalía Regional de Antofagasta. Sin embargo, tras revisar la nómina oficial de funcionarios publicada en el portal de Transparencia del Ministerio Público, este medio verificó que su nombre no figura en la dotación vigente al 31 de octubre de 2025.
Diario Antofagasta tomó contacto con la Fiscalía Regional para consultar respecto de eventuales contratos a honorarios, asesorías externas u otras modalidades de vinculación, y se encuentra a la espera de respuesta.
La red de influencia: Pedro Araya, Cristina Orellana, Gabriel Silver, Loreto Carvajal y el Juez Antonio Ulloa
Un reportaje de El Hashtag expuso una arista clave en torno a las redes del senador Pedro Araya: la asesoría de Cristina Orellana Quezada, ingeniera civil industrial, exdirectora del SEP y figura con amplia trayectoria en la administración pública, contratada desde 2020 por el parlamentario con una remuneración superior a $3,5 millones mensuales. Su presencia adquiere relevancia no solo por el monto del contrato, sino por el entramado político y profesional que la rodea.
Orellana es exesposa del exdiputado Gabriel Silber (DC), hoy socio del estudio LVS Abogados, fundado por los juristas Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos mencionados en investigaciones vinculadas al Caso Hermosilla. Tras su separación, Silber contrajo matrimonio con la senadora Loreto Carvajal (PPD), actual compañera de bancada de Pedro Araya en el Senado.
El reportaje recuerda que Orellana ha ocupado cargos estratégicos en gobiernos anteriores y ha sido mencionada en investigaciones sobre redes de contratación en organismos públicos. Su continuidad en posiciones de alta responsabilidad y su rol como asesora directa del senador Araya la posicionan como un nodo relevante dentro de esta red.
Este conjunto de vínculos —que articula al senador Araya, su asesora, el exdiputado Silber, el estudio LVS y la senadora Carvajal— adquiere especial interés público en el marco de la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, destituído por sus nexos con la trama del Caso Hermosilla. La participación de Carvajal en la votación, la relación profesional de Silber con un estudio jurídico mencionado en la causa y la abstención de Araya en la misma sesión refuerzan la sospecha de un circuito político–judicial interconectado, sostenido por vínculos personales, contratos públicos y decisiones que impactan directamente en el ámbito judicial.
Contratos, medios y conflictos de interés
En Chile, la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación para difundir actividades parlamentarias es legítima y regulada. Pero el clan Araya ha ido más allá: en lugar de contratar espacios, contrata directamente a periodistas bajo su dependencia, algunos de los cuales operan medios de comunicación formales o páginas políticas disfrazadas de prensa independiente.
Durante siete años (2014–2021), Pedro Araya mantuvo como asesor comunicacional al periodista Jorge Ortiz, quien simultáneamente era director de Timeline, medio informativo local.
El doble rol —director de un medio y funcionario contratado por un senador— configuraba un conflicto de interés evidente.
En Antofagasta, esta relación ha alimentado la percepción de que Araya pudo ejercer influencia editorial indirecta sobre el medio, siendo considerado por algunos actores políticos “su canal de comunicación”. Consultado sobre el tema, el senador mostró molestia y acusó ataques personales.
Páginas falsas y propaganda digital
A la relación con medios formales se suman redes de páginas de Facebook y portales apócrifos que simulan ser medios de comunicación, pero no cumplen la Ley 19.733 ni son dirigidos por periodistas.
Uno de los casos más notorios es Pulso Regional, una página que entremezcla informaciones y denuncias, con propaganda política favorable al diputado Jaime Araya y ataques a sus críticos.
Su operador es José Miguel Latorre Ladueña, candidato a diputado del PDG por la región de O’Higgins y exasesor de Jaime Araya, con remuneración hasta julio de 2025 cercana a los $3 millones de pesos mensuales.
Otro caso es Contingencia Chile, sitio web propiedad de una empresa cuyo representante legal es David Cortés Páez, jefe de gabinete del diputado, con contrato por $3,5 millones mensuales, dedicada a simular la apariencia de un portal informativo, pero publica en su mayoría contenidos de propaganda política del diputado, como consta en su Instagram y Tik Tok.
En los hechos, se trata de centros de propaganda digital financiados con recursos públicos.
Silencios y afinidades mediáticas
La cobertura del Caso Hermosilla en algunos medios tradicionales también ha generado comentarios. En la nota de El Mercurio de Antofagasta sobre la destitución del ministro Ulloa, el diario omitió por completo la abstención del senador Pedro Araya, destacando únicamente las abstenciones de los senadores Javier Macaya y Rojo Edwards, ambos de otras regiones.
La ausencia del dato llamó la atención en el ámbito periodístico y comunicacional local. Si bien no existen registros públicos que permitan atribuir motivaciones editoriales específicas, profesionales del rubro señalan en reserva que el medio tiende a otorgar un tratamiento más benevolente hacia Araya en comparación con otros actores políticos regionales. En ese contexto, la omisión fue percibida como inusual, considerando tanto la importancia del parlamentario en la zona como la relevancia pública de su rol en la votación.
Cuando la prensa regional ha informado sobre sus vínculos o redes, la respuesta del clan Araya ha seguido un libreto conocido: advertencias legales en privado y descalificaciones públicas a medios y periodistas que publican los hechos, buscando desacreditar al mensajero.
Una conducta que, a nivel nacional, se complementa con el impulso del Senador Araya a la “Ley Mordaza 2.0”, que busca restringir la publicación de filtraciones judiciales en los medios de comunicación y establece incluso penas de cárcel al periodismo de investigación, lo que podría sancionar el mismo tipo de reportajes que hoy los incomodan.
Versión del diputado Jaime Araya y silencio del Senador Pedro Araya
Diario Antofagasta solicitó formalmente la versión del senador Pedro Araya y del diputado Jaime Araya en relación con los antecedentes incluidos en este reportaje, remitiendo cuestionarios cuyas preguntas pueden revisarse a continuación:
En el caso del senador Pedro Araya (PPD), no se recibió respuesta dentro del plazo establecido.
Por su parte, el diputado Jaime Araya (PPD) solicitó una ampliación del plazo para responder, la cual fue concedida por este medio. En su respuesta, señaló que su participación en el caso del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta se limitó a que “como abogado dedicado al ejercicio de la profesión representé a 4 ex-trabajadores del HCUA en un juicio de tutela laboral, que se tramitó conforme a la ley y que fue pagado como corresponde, todo autorizado por el tribunal respectivo”. Agregó que, a su juicio, “ni siquiera aparezco mencionado en el informe de Contraloría”.
No obstante, en los documentos del Poder Judicial sí consta su firma acusando recibo de los pagos realizados en dicho proceso.
Respecto de sus colaboradores, el diputado indicó que José Miguel Latorre renunció a su cargo debido a su candidatura parlamentaria y que David Cortés Páez es su jefe de gabinete desde marzo de 2022, destacando su formación como administrador público.
Sobre las plataformas digitales administradas por colaboradores suyos, Araya no negó que su personal de apoyo al mismo tiempo administren plataformas digitales de propaganda, sosteniendo que “ambas plataformas” —sin especificar cuáles— “constituyen espacios de comunicación directa” y que “generan un ecosistema comunicacional único, que causa profunda admiración en algunas personas”, agregando que también generan “envidia” en otras.
Parte de la respuesta del diputado incluyó descalificaciones personales y afirmaciones no relacionadas con los hechos consultados. Tales contenidos no fueron incorporados por no aportar información verificable ni pertinente al contenido de esta investigación.
Una dinastía que controla el relato
De un liderazgo popular a una maquinaria política, judicial y comunicacional, la familia Araya se ha consolidado como una de las dinastías políticas más influyentes del norte de Chile.
Sus redes abarcan el Congreso, el poder judicial, universidades, medios de comunicación y plataformas digitales financiadas con recursos públicos.
Mientras el apellido y trayectoria política del padre evoca humildad y credibilidad, el actuar de sus herederos refleja un uso sistemático del poder, similar al estilo de Hermosilla: mover influencias, acomodar aliados y silenciar críticas.
Una dinastía moderna, blindada por vínculos, contratos y un relato cuidadosamente administrado.