Las investigaciones periodísticas que rodean la llamada trama “Muñeca Bielorrusa” han puesto bajo escrutinio público no solo a ministros de cortes y abogados influyentes, sino también a parlamentarios que, por acción u omisión, aparecen orbitando en torno al mismo círculo. Entre ellos destaca el senador por Antofagasta, Pedro Araya (PPD), cuya presencia en reuniones privadas con jueces y asesores investigados —y sus recientes decisiones legislativas— vuelven a abrir interrogantes sobre el alcance de esas relaciones.
El encuentro que abrió una hebra incómoda
Las revelaciones del podcast “Punto por Punto” encendieron nuevas alarmas sobre las relaciones informales entre magistrados del más alto nivel y actores políticos influyentes. Según la investigación, el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, apodado “el anfitrión”, organizó una cena privada a la que asistieron ministros, notarios, abogados y el senador por Antofagasta Pedro Araya.
En esa cena —realizada semanas antes de que estallaran nuevas aristas del Caso Hermosilla— uno de los temas centrales fue la delicada situación del entonces ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Antonio Ulloa. El magistrado había sido señalado por filtrar información reservada al abogado Luis Hermosilla, ahora imputado por corrupción, tráfico de influencias y otras figuras penales.
La instancia no quedó como simple anécdota. Semanas después, cuando el Senado votó la acusación constitucional contra Ulloa, Pedro Araya se abstuvo, pese a que la votación fue casi unánime: 44 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra.
En su intervención en la sala, Araya defendió al magistrado, cuestionó el “ruido mediático” en torno al caso y afirmó que la acusación no tenía fundamentos jurídicos suficientes. Su intervención contrastó con la contundencia de los antecedentes, lo que generó críticas y sospechas sobre su motivación.
Un dato no menor, es que Pedro Araya es uno de los cuatro senadores que impulsa la Ley Mordaza 2.0, que pretende encarcelar a periodistas de investigación que informen sobre filtraciones judiciales. Una ley que impediría precisamente que se informe sobre este caso. El proyecto avanzaba en el Congreso, al mismo tiempo que Araya participaba como comensal en cenas con evidentes conflictos de intereses.
El Caso Muñeca Bielorrusa: el eco judicial que alcanza al Senado
El Caso Muñeca Bielorrusa, que estalló por comunicaciones entre el abogado Hermosilla y ministros de cortes supremas, expuso una trama de manipulación de integraciones de sala, presiones internas y fallos de alto impacto económico.
En el centro está un fallo dictado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, entonces presidida por Ángela Vivanco, que obligó a Codelco a pagar USD 20 millones al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. Vivanco hoy está querellada por Codelco por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
A esa misma Vivanco, Pedro Araya la defendió públicamente en 2018 calificándola de “íntegra” y “garante de imparcialidad”. Tres años después, en enero de 2021, Araya participó en una cena privada con Vivanco, Ulloa, el abogado Samuel Donoso y el juez Mario Carroza, revelada por La Tercera.
La reunión, presentada como “social”, hoy aparece como un precedente significativo en el mapa de relaciones judiciales y políticas investigadas.
La Dinastía Araya: una red de poder político, judicial y comunicacional
Las abstenciones y defensas del senador a ministros involucrados en el caso no ocurrió en el vacío. La familia Araya —liderada históricamente por el exalcalde Pedro Araya Ortiz— ha construido en tres décadas un entramado político que opera simultáneamente en el Congreso, el sistema judicial, universidades públicas y el ecosistema mediático del norte del país, tal como detalló un reportaje reciente de El Diario de Antofagasta.
El clan está hoy encabezado por los hermanos Pedro y Jaime Araya, ambos parlamentarios del PPD. A diferencia de su padre, de origen obrero y estilo cercano, los hermanos construyeron una estructura de poder tecnocrática, sofisticada y articulada. Han ejercido influencia en nombramientos judiciales, votaciones cruciales y decisiones administrativas que marcaron controversias locales.
En el centro de este entramado figura la asesora Cristina Orellana, exdirectora del SEP, contratada por el senador con una remuneración superior a $3,5 millones mensuales. Orellana es exesposa del exdiputado Gabriel Silber, socio del estudio jurídico LVS Abogados, cuyos fundadores —Eduardo Lagos y Mario Vargas— están formalizados por su rol en la trama “Muñeca Bielorrusa”.
Silber, a su vez, está casado con la senadora Loreto Carvajal (PPD), compañera de bancada de Araya. Las relaciones familiares, políticas y profesionales se cruzan constantemente en votaciones, reuniones privadas y asesorías financiadas con fondos públicos.
El diputado Jaime Araya, en tanto, ha sido mencionado en controversias vinculadas al fallido proyecto del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, donde actuó como abogado patrocinante en procesos hoy cuestionados por Contraloría; y mantiene un ecosistema de páginas informativas y cuentas digitales operadas por asesores contratados con recursos públicos, dedicadas a moldear el relato político local.
La combinación de cargos, vínculos judiciales, asesorías estratégicas y control comunicacional configuró lo que diversas fuentes han descrito como “una dinastía moderna”, capaz de operar en niveles simultáneos de poder institucional, judicial y mediático.
La respuesta de la dinastía Araya
Durante la votación de la acusación constitucional, el senador Pedro Araya afirmó que no podía reprochársele al juez Antonio Ulloa haber fallado en causas donde participaban amigos si “los abogados de la otra parte no solicitaron la inhabilidad”.
Una explicación que generó amplio rechazo entre especialistas, considerando los estándares de transparencia e imparcialidad que rigen al Poder Judicial.
El abogado Mauricio Daza fue uno de los más categóricos en su crítica. A su juicio, los argumentos de Araya desconocen principios básicos de la ética judicial:
“¿Cómo iban a solicitarla si jamás se revelaron las relaciones?
Esa es exactamente la razón por la que la obligación de inhabilitarse existe”.
Para Daza, la defensa del senador resulta especialmente preocupante considerando los antecedentes públicos: El Mostrador informó que Araya asistió a una cena donde se trató la situación de Ulloa; Reportea señaló que el parlamentario habría contactado al ministro Álvaro Elizalde para intentar frenar la acusación constitucional contra el ministro Diego Simpertigue —uno de los jueces mencionados en la trama investigada—.
Araya niega ambas situaciones, pero su intervención en sala quedó registrada.
Según Daza:
“Lo innegable es la señal política: argumentó a favor de un juez acusado por graves hechos de corrupción en el Senado con razones absurdas e inverosímiles”.
Por su parte, el diputado Jaime Araya ha iniciado una ofensiva para realizar control de daños a su hermano, realizando diversas acusaciones y descalificaciones contra medios regionales que han informado el caso, como El Diario de Antofagasta y también amenazó con acciones legales contra el canal Antofagasta TV por poner el tema en pauta en su programa “Pulso”.
Mediante portales de propaganda política manejados por los asesores del diputado pagados con recursos del Congreso, tales como Pulso Regional, Enfoque Nacional y Contingencia Chile, así como también en el programa “Sin filtros”, Araya ha divulgado las acusaciones, afirmado que las informaciones publicadas en medios de comunicación serían pagadas por terceros, y una operación política orquestada por poderes fácticos, crimen organizado y la administración municipal que encabeza Sacha Razmilic (Evopoli).
El analista político y doctor en ciencias políticas Cristian Zamorano, invitado recurrente en espacios de análisis regional, calificó la reacción del diputado como un temor evidente de que sigan conociéndose las conexiones entre ambos parlamentarios con actores involucrados en las tramas judiciales investigadas.
Según Zamorano, la red asociada a los hermanos Araya no solo abarca su círculo político inmediato, sino que se extiende también hacia instituciones judiciales y académicas de la región, como la Universidad del Alba, donde existirían vínculos relevantes que aún no han sido esclarecidos públicamente.
Un patrón que inquieta: cenas, defensas y silencios
La línea narrativa que une estos episodios —las cenas privadas, la defensa de nombramientos, la abstención en votaciones cruciales, el rol en comisiones del Senado y ahora la querella de Codelco contra Vivanco— configura un patrón difícil de ignorar.
Los hechos concretos y objetivos están documentados:
- Araya asistió a reuniones con jueces hoy cuestionados.
- Defendió públicamente a Vivanco en su nominación.
- Se abstuvo de destituir a Ulloa tras una cena donde se trató su situación.
- Alega desconocimiento de vínculos que eran conocidos en el ambiente judicial.
- Niega hechos que múltiples reportajes han consignado de forma consistente.
Las investigaciones continúan. Las causas judiciales avanzan.
Y en el centro del mapa, las cenas privadas del “comensal” siguen revelando el entramado donde política y justicia se han encontrado —demasiado cerca— en los últimos años.