En los últimos años se han registrado diversos incendios que han afectado viviendas y dejado damnificados, como los siniestros de junio 2024, junio 2025 y enero 2026 en Juanita Cruchaga, donde varias casas resultaron destruidas y familias quedaron sin hogar pese a la movilización de Bomberos. Tres años, tres siniestros.
Quienes trabajamos junto a estas comunidades sabemos que las condiciones de riesgo son conocidas: instalaciones eléctricas precarias, alta densidad habitacional, accesos complejos para vehículos de emergencia y escasa infraestructura básica. Sin embargo, estas alertas suelen aparecer cuando ocurre la tragedia, y no antes, cuando aún es posible prevenir.
Resulta alarmante que, pese a la recurrencia de estos eventos, no exista una estrategia clara y sostenida de prevención en los campamentos de Antofagasta, ni una presencia regular de las autoridades responsables de la gestión del riesgo y la emergencia. La prevención no puede seguir siendo una promesa posterior al desastre.
Esta realidad no es ajena a la percepción ciudadana. El último Barómetro Regional de Antofagasta, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, evidencia que la seguridad y la exposición a riesgos son hoy una de las principales preocupaciones de la población, junto con las persistentes brechas en vivienda y servicios urbanos. El estudio subraya, además, la necesidad de mayor presencia y coordinación institucional en los territorios, especialmente en aquellos donde las condiciones de precariedad hacen que una emergencia —como un incendio— tenga consecuencias devastadoras.
La desigualdad también se expresa en la forma en que enfrentamos las emergencias. Mientras algunos sectores cuentan con planes, fiscalización y recursos, otros —donde viven miles de familias— quedan relegados a la reacción tardía y a la solidaridad entre vecinos.
Prevenir también es gobernar, y en materia de emergencias, llegar antes puede marcar la diferencia entre la vida y la pérdida total.
Si queremos que Antofagasta sea un lugar donde las personas quieran quedarse, envejecer y construir futuro, debemos empezar por lo básico: presencia territorial, prevención real y una mirada a largo plazo que entienda que la seguridad y la dignidad no pueden depender de que ocurra o no una emergencia.
No se trata solo de oportunidades laborales; se trata, sobre todo, de sentirse cuidados. Cuando vivir implica sentirse permanentemente vulnerable, es difícil construir arraigo.