En un contundente golpe a las finanzas del crimen organizado transfronterizo, el Ministerio Público logró la prisión preventiva de tres individuos tras una millonaria incautación de cigarrillos en las cercanías de San Pedro de Atacama. El procedimiento se originó durante controles preventivos de Carabineros en la Ruta 27 CH, donde se fiscalizó inicialmente una camioneta que actuaba como “punta de lanza”. En su interior, el conductor no solo carecía de licencia, sino que portaba radiotransmisores y una sofisticada antena satelital Starlink para mantener comunicaciones en áreas sin cobertura celular.
Tras la escolta, los efectivos policiales interceptaron dos camiones de alto tonelaje que transportaban el cargamento ilegal. La revisión confirmó que se trataba de mercancía prohibida que carecía de toda documentación aduanera y resolución sanitaria, representando un grave riesgo para la salud pública. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que esta operación impidió ganancias ilícitas por cerca de $2.900 millones, sumándose a otra incautación reciente, lo que arroja un total de $4.500 millones retirados del mercado ilegal en apenas 14 días.
Desde la Fiscalía recalcaron que el contrabando es una prioridad estratégica para la unidad SACFI, ya que estas rentas suelen financiar otras ramas delictivas complejas. “Estamos atacando el corazón de bandas organizadas que aprovechan la vulnerabilidad de la frontera”, señaló Castro Bekios, resaltando la robusta logística empleada por los imputados. Por su parte, el jefe de la Zona de Carabineros, general Cristian Montre, subrayó que estos resultados son fruto de un combate frontal no solo al narcotráfico, sino a todas las formas de criminalidad que operan en las rutas internacionales de la región.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Calama acogió la solicitud de prisión preventiva para los tres detenidos, formalizados por los delitos de contrabando y receptación aduanera, por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Se fijó un plazo de investigación de 90 días, periodo en el cual se buscará profundizar en las conexiones de esta organización con otros grupos criminales que operan en el norte del país, bajo el foco especial de contrabando transfronterizo creado en 2025.