Un operativo de vigilancia de la PDI en la Ruta 27 CH derivó en un grave enfrentamiento armado el pasado 2 de abril. Detectives de la Brigada de Robos detectaron dos camionetas con encargo por robo que intentaban salir del país, iniciándose una persecución por zona desértica. Durante la huida, uno de los vehículos sospechosos, ocupado por dos ciudadanos bolivianos, se posicionó al costado del carro policial y efectuó disparos directos contra los funcionarios; uno de los proyectiles ingresó por la puerta trasera, siendo contenido por un cargador metálico en el asiento, evitando una tragedia.
Tras el ataque, los delincuentes abandonaron la camioneta en una quebrada y emprendieron la huida a pie hacia el oriente, parapetándose inicialmente para cubrir su escape. El despliegue de búsqueda se extendió por tres días, hasta que el 5 de abril, personal de Carabineros del Retén de Toconao logró ubicar a los dos imputados deambulando cerca del sector de Talabre. Los sujetos presentaban un evidente estado de deshidratación, descuido personal y signos críticos de exposición prolongada al sol al momento de su captura.
Las diligencias investigativas permitieron recuperar evidencias clave en el desierto el pasado 6 de abril. En las cercanías de la ruta de escape, personal policial halló una pistola calibre 9mm, un chaleco antibalas y 62 cartuchos del mismo calibre. Peritajes balísticos posteriores fueron determinantes para la formalización, ya que confirmaron que el proyectil extraído desde el interior del vehículo de la PDI fue percutado exactamente por el arma de fuego incautada en la zona de búsqueda.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, fue enfático en señalar la alta peligrosidad de estas bandas criminales que operan en la frontera. “No dudan en enfrentar a los agentes del Estado cuando son descubiertos”, afirmó el persecutor, subrayando que el Ministerio Público perseguirá con especial rigor este tipo de actos. Bekios aseguró que solicitarán las máximas penas posibles, enviando un mensaje claro de que no se tolerarán ataques contra las fuerzas policiales en el ejercicio de sus funciones.
Por petición de la Fiscalía de Calama, ambos ciudadanos bolivianos fueron formalizados por homicidio frustrado de funcionario policial, disparos a vehículos policiales y receptación de vehículo motorizado, entre otros ilícitos. Dada la naturaleza de los hechos y el riesgo que representan para la seguridad pública, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, estableciendo un plazo de investigación de 110 días para el cierre del caso.