La Contraloría General de la República confirmó irregularidades en una serie de avenimientos judiciales que comprometieron más de $86 millones en recursos públicos, vinculados al proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA).
Según la resolución N°14524–14575, los pagos fueron realizados a cuatro exfuncionarios de la Corporación de Desarrollo Norte Grande, entidad privada que administraba el hospital, pese a que la universidad no mantenía vínculo laboral alguno con ellos.
El órgano fiscalizador determinó que la Universidad de Antofagasta se constituyó de forma irregular como codeudor solidario, comprometiendo fondos públicos sin respaldo legal ni autorización.
Los juicios laborales —causas T-34-2019, T-66-2019, T-79-2019 y T-92-2019— fueron patrocinados por el abogado Jaime Araya Guerrero, actual diputado por Antofagasta.
Luego, el abogado Fernando Fernández, en representación de la Universidad de Antofagasta, suscribió avenimientos en cada una de las causas mencionadas, obligando, de manera solidaria a la universidad, en conjunto con la Corporación de Desarrollo Norte Grande y la Fundación Red de Salud Universidad de Antofagasta.
Entre los beneficiados figura Vicky Gutiérrez Cortés, ingeniera civil y actual pareja del parlamentario, además de Max Pizarro, Daniela Monardes y Nelson León.
En total, las indemnizaciones sumaron $78.328.496 para los cuatro demandantes y $7.835.000 en honorarios profesionales, alcanzando un total de $86.163.496.
La resolución de Contraloría establece que:
“En el Estatuto Orgánico de la Universidad de Antofagasta no aparece como facultad del rector la posibilidad de constituirse codeudor solidario de alguna obligación”.
Por esta y otras causas, el órgano fiscalizador sancionó a trece funcionarios universitarios, entre ellos el exrector Luis Loyola Morales, la exvicerrectora económica Marinka Varas Álvarez y la actual delegada presidencial de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete.
Asimismo, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público por eventuales delitos en el manejo de fondos públicos.
Contexto y antecedentes
Las indemnizaciones observadas fueron originalmente reveladas por Diario Antofagasta en 2019, con una serie de reportajes, entre ellos el titulado “Las millonarias y llamativas indemnizaciones que aceptó pagar la Universidad de Antofagasta”, que advirtió sobre la falta de sustento legal en los pagos y los vínculos entre la universidad y la Corporación Norte Grande.
Cinco años después, la resolución de Contraloría confirma las observaciones formuladas por este medio, estableciendo sanciones administrativas y derivando los antecedentes a la Fiscalía para investigación penal.
Les está llegando el karma a todos estos satisfechos, no se conformaron con los sueldos gratis que ganan por no hacer nada y pensaron que esta metida de manos en platas que no les corresponden les saldría gratis, pero les llego la horma de sus zapatos, entro Contraloría y la persona que está a la cabeza de ella no se vende ni es corrupta, como este diputado de pacotilla del Jaime Araya, que por esta región no a hecho nada y el título que dice tener quién no dice que pago por el.
Como todo refrán. Podra tardar pero que no quepa duda alguna que la justicia llegara. Dicese: todo cae según su peso. Ahora si revordamos y nos vamos a la memoria con respecto a la casta de los apellidos, también podriamos decir: hoy quienes ostentan grandes cargos de poder para multiplicar solamente sus opulentas cuentas. Bien y hasta justificadamente alguuén podria decir: de tal palo, tal astilla.