Documentos del Poder Judicial demuestran que el actual diputado Jaime Araya Guerrero (PPD) suscribió convenios y recibió pagos actuando como abogado patrocinante en cuatro causas laborales vinculadas al proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, en las que la casa de estudios asumió pagos por más de $86 millones.
Los montos fueron observados por la Contraloría General de la República al detectar irregularidades que se detallan dentro del informe que dio origen a sanciones contra trece funcionarios y exdirectivos de la institución.
Una de las aristas del Caso Hospital Clínico UA
La Contraloría General de la República confirmó que la Universidad de Antofagasta incurrió en graves irregularidades administrativas durante la ejecución del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA), detectando convenios y traspasos irregulares por más de $3.000 millones en recursos públicos.
El organismo fiscalizador sancionó a trece funcionarios y exdirectivos de la institución, entre ellos el exrector Luis Loyola, la exvicerrectora económica Marinka Varas, la actual delegada presidencial Karen Behrens, y dos abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Entre las múltiples irregularidades, la Contraloría observó una serie de avenimientos judiciales en los que la universidad comprometió fondos públicos pagando indemnizaciones laborales sin respaldo legal.
Los pagos observados por Contraloría
Según la resolución N°14524–14575 del 2 de octubre de 2025 que aprueba un sumario administrativo y propone medidas disciplinarias, la Universidad de Antofagasta asumió el pago de indemnizaciones laborales a exfuncionarios de la Corporación de Desarrollo Norte Grande, entidad privada que administraba el hospital clínico de la UA.
El órgano fiscalizador estableció que la universidad no tenía vínculo laboral alguno con los demandantes, pero aun así se constituyó codeudor solidario, comprometiendo recursos públicos.
Causas patrocinadas por el entonces abogado Jaime Araya
Documentos del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acreditan que el hoy diputado Jaime Araya Guerrero (PPD) actuó, en su calidad de abogado en ejercicio y antes de asumir como parlamentario, como patrocinante y apoderado en las causas laborales T-34-2019, T-66-2019, T-79-2019 y T-92-2019, todas relacionadas con el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta.
Las demandas fueron interpuestas por los exfuncionarios Max Pizarro Pavéz, Daniela Monardes Gómez, Nelson León Gómez y Vicky Gutiérrez Cortés, esta última exfuncionaria además pareja del parlamentario.
De acuerdo con los avenimientos judiciales firmados por el propio abogado Jaime Araya, junto a representantes de la universidad y de la corporación, la institución asumió el pago de $78.328.496 en indemnizaciones más $7.835.000 en honorarios profesionales, totalizando $86.163.496.
A continuación, los documentos del Poder Judicial que incluyen la firma del abogado Araya en los convenios y actas de pago, donde acusa recibo de los pagos, incluyendolo a él como apoderado de los demandantes, lo que confirma su participación directa en los juicios laborales observados por Contraloría.
Declaraciones públicas y hechos verificados
Días antes, el diputado Araya negó su participación en el caso durante un debate parlamentario, instancia en la que cuestionó a medios y calificó a la candidata a diputada Natalia Sánchez (PTR) como “mentirosa” por preguntarle sobre el tema.
Sin embargo, los documentos judiciales oficiales comprueban su intervención, suscribiendo los convenios que derivaron en los pagos que posteriormente fueron cuestionados administrativamente por Contraloría, al asumir la institución pública obligaciones y compromisos de pago de una corporación privada.
“es necesario señalar que, en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Antofagasta, aprobado por el D.F.L. Nº 148, de 1982, del Ministerio de Educación, no aparece como facultad del rector la posibilidad de constituirse codeudor solidario de alguna obligación“, señala Resolución Exenta N° E20441/2025 de la Contraloría General de la República.
Documentos de acceso público
Los antecedentes citados en esta y todas las publicaciones de Diario Antofagasta en torno al caso provienen de fuentes oficiales, expedientes judiciales del Poder Judicial de Chile y de la resolución oficial de la Contraloría General de la República, todos de carácter público y verificable.
Todos son iguales ladrones de cuello y corbata