Un nuevo proyecto de ley ingresó este martes a la sala del Senado: la iniciativa del senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, que propone obligar a todos los parlamentarios a realizarse test de detección de drogas y sustancias estupefacientes.
Velásquez, quien ha impulsado otras iniciativas de transparencia como el levantamiento del secreto bancario para autoridades, afirmó que el país enfrenta “tiempos complejos”, donde la ciudadanía exige mayores estándares de probidad.
“Como autoridades del poder legislativo que cumplimos una labor que es fundamental para el Estado, desde la aprobación de presupuesto, hasta nombramiento de altas autoridades, como el Contralor de la República, el Fiscal Nacional, los Ministros de las Cortes entre otros. Este hecho nos mandata y obliga a elevar nuestros propios estándares de transparencia y probidad que, a nuestro juicio, es un mínimo de conducta al que debemos ser sometidos”, señaló el Senador Velásquez.
El legislador advirtió que el crimen organizado “intenta permear el Estado con todos sus tentáculos”, por lo que considera clave adoptar medidas que reduzcan la desconfianza pública. En esa línea, destacó que la propuesta se suma a otros proyectos que ya se discuten en la Cámara Alta y que buscan transparentar el ejercicio del poder.
“Este proyecto de ley que tiene como finalidad establecer la obligación de los parlamentarios de realizarse exámenes de detección de drogas y estupefacientes; así como otras iniciativas que hemos presentado ya hace un tiempo y esperamos puedan tramitarse de una vez, como el que permite el levantamiento del secreto bancario para todas las autoridades electas y designadas por el gobierno, que sin duda transparentarían situaciones que hoy, lamentablemente, vemos entre poderes del Estado”, indicó.
La iniciativa equipara la obligación vigente para funcionarios públicos, pero deja la periodicidad de los exámenes sujeta a un reglamento. Lo que sí establece con claridad es el resguardo de la confidencialidad de los resultados, con el fin de proteger información sensible sin afectar el objetivo central: fortalecer la confianza ciudadana en quienes legislan para el país.