El cierre del sumario administrativo de la Contraloría General de la República (CGR) en el caso Plan 9 Papers no solo dejó consecuencias en la Municipalidad de Antofagasta.
Hoy, sus esquirlas alcanzan a Sierra Gorda, luego de confirmarse que la actual administradora municipal de esa comuna, Yamile Guzman Nadgar, figura entre los funcionarios sancionados en el marco de la investigación instruida por la Contraloría General de la República.
El caso se originó a partir de más de 700 páginas de conversaciones internas vía WhatsApp del exalcalde Jonathan Velásquez y su círculo de confianza, antecedentes que dieron cuenta de graves faltas administrativas y que derivaron en sanciones, destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos.
La sanción y su alcance institucional
En Antofagasta, el alcalde Sacha Razmilic (Evópoli) resolvió agravar la sanción propuesta por la Contraloría, aplicando la destitución, la máxima sanción administrativa contemplada en la normativa vigente, la que además conlleva inhabilidad para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.
Si bien la aplicación efectiva de esta inhabilidad está sujeta a los plazos administrativos y a la correspondiente toma de razón, la inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos implicaría un cese de funciones de Guzmán, trascendiendo al municipio de origen.
Impacto en la administración de Sierra Gorda
La administradora municipal es el segundo cargo más relevante del organigrama comunal en Sierra Gorda y cumple un rol estratégico en la gestión diaria del municipio. Por ello, su vinculación con una sanción administrativa de esta magnitud salpica institucionalmente a la administración de Sierra Gorda, considerando el impacto que podría generar una eventual remoción derivada de hechos ocurridos en otro municipio.
Asimismo, el caso abre un debate respecto de los criterios utilizados por la administración municipal encabezada por Adriana Rivera Vega para el nombramiento de cargos clave, considerando que Guzmán fue designada mientras el sumario administrativo se encontraba en desarrollo y constituía un antecedente conocido públicamente.
Los antecedentes del caso Plan 9 Papers
Los Plan 9 Papers revelaron prácticas internas al interior del municipio de Antofagasta que generaron un fuerte impacto público y político: mensajes clasistas, racistas, misóginos, homofóbicos y discriminatorios, además de antecedentes vinculados a faltas a la probidad administrativa, los que fueron considerados tanto en procesos administrativos como judiciales posteriores.
Parte de esos hechos se produjeron durante el período en que la actual administradora municipal de Sierra Gorda integró el equipo de máxima confianza del entonces alcalde Velásquez, contexto que hoy explica por qué el caso vuelve a instalarse en la agenda regional, más allá de su comuna de origen.
Cierre: respaldo político
Al cierre de esta edición, la alcaldesa Adriana Rivera Vega (RN) expresó su respaldo a la administradora municipal, señal que introduce un componente político adicional al caso, mientras se analizan los alcances administrativos de la sanción y su eventual aplicación efectiva.
Un nuevo capítulo que confirma que el caso Plan 9 Papers, lejos de cerrarse en Antofagasta, continúa proyectando efectos y esquirlas a nivel regional.