El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, salió al paso de los cuestionamientos que ha generado la arista regional del caso ProCultura, defendiendo el accionar del Gobierno Regional y criticando duramente el rol de algunos medios de comunicación en la cobertura del caso.
Durante su participación en el programa político regional Sentido Común, el gobernador expresó su molestia por lo que calificó como una “intención constante de juzgar mediáticamente” a su administración, sin que —a su juicio— existan antecedentes concluyentes que sustenten esas acusaciones.
“Nos tuvieron durante dos años tratando de inculparnos con el caso de ProCultura. Y hoy, con la apertura de la carpeta investigativa, queda en evidencia que actuamos dentro del marco legal. Espero que la fiscalía actúe con transparencia y sin presiones”, afirmó.
El gobernador también apuntó a lo que considera una falta de equidad por parte del Ministerio Público. “Hay casos como las cajas de alimentos en el gobierno anterior donde han pasado cuatro años y recién se incautó un teléfono. En cambio, en este caso ha habido filtraciones, audios, y una cobertura desproporcionada desde el inicio”, dijo.
Sobre el caso particular de la Fundación ProCultura, Díaz sostuvo que las decisiones tomadas por el Gobierno Regional se ajustaron a derecho y que todas las rendiciones fueron visadas por la Contraloría General. En cuanto al caso de la Fundación Comprometidos —cuyo representante fue formalizado— indicó que las irregularidades surgieron luego de la incautación de documentos, lo que impidió la rendición de algunos fondos.
Además, aclaró que la relación con figuras investigadas no implican vínculos políticos ni responsabilidad directa. “Tratar de establecer que existe una relación íntima o que actuamos fuera de la ley es completamente falso. Yo no soy amigo de esas personas ni tuve injerencia en la evaluación o rendición de los proyectos”, sostuvo.
Finalmente, Díaz reiteró su disposición a seguir colaborando con el proceso judicial, pero advirtió que no aceptará lo que consideró como “persecuciones mediáticas disfrazadas de fiscalización”.
“La justicia tiene que actuar, pero no se puede permitir que desde los medios se condene antes que los tribunales. Espero que se investigue todo, pero con objetividad y sin doble estándar”, concluyó.