Una fuerte polémica se desató a nivel nacional tras conocerse que los senadores por la Región de Antofagasta, Pedro Araya (Ind. PPD) y Paulina Núñez (RN), figuran entre los impulsores de un controvertido proyecto de ley que busca sancionar penalmente la divulgación de información reservada en causas judiciales.
La iniciativa, que ya es calificada por diversos sectores como una “Ley Mordaza 2.0”, fue presentada junto a los senadores Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, y actualmente se encuentra en tramitación en la Comisión de Constitución del Senado.
Según reveló el diario La Tercera, el proyecto propone modificar el Código Procesal Penal para imponer penas de presidio menor en su grado medio a máximo —es decir, entre 541 días y 5 años de cárcel— a quienes “entreguen, informen, difundan o divulguen” información de investigaciones penales que se encuentren bajo secreto. Lo más preocupante, advierten expertos, es que el texto no establece diferencias entre funcionarios públicos y periodistas, dejando abierta la posibilidad de que comunicadores o medios de comunicación puedan ser procesados por informar sobre casos de alto interés público.
Riesgos para el periodismo y el derecho a informar
La moción ha sido duramente criticada por el Colegio de Periodistas de Chile, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y representantes de organizaciones de derechos civiles, quienes advierten que la norma pone en grave riesgo la libertad de prensa y el derecho constitucional a informar, pilares esenciales de una democracia.
“Tal como está redactado el proyecto, podría aplicarse también a periodistas que revelen antecedentes de investigaciones emblemáticas como ProCultura, el Caso Audio o el denominado Caso Monsalve”, advierte La Tercera, abriendo un amplio debate sobre los límites entre el secreto investigativo y el interés público.
Desde el gremio periodístico señalan que ya existen herramientas legales para sancionar a fiscales, policías o funcionarios públicos que filtren antecedentes de forma indebida, por lo que esta nueva propuesta sería innecesaria y peligrosa.
Silencio desde los parlamentarios
Hasta ahora, ni el senador Araya ni la senadora Núñez han emitido declaraciones públicas en respuesta a las críticas. No obstante, en redes sociales, periodistas y organizaciones ciudadanas de Chile ya han comenzado a expresar su rechazo, especialmente por tratarse de representantes electos en Antofagasta, una zona donde la fiscalización del poder en los medios regionales y el acceso a la información han sido claves en la denuncia de casos de corrupción y mal uso de fondos públicos.