Una compleja situación financiera mantiene en alerta a las municipalidades de la Región de Antofagasta, luego de que la Asociación de Municipalidades (AMRA) revelara el impacto negativo de las recientes modificaciones legales en el reparto de las patentes mineras. El problema principal radica en la Ley 21.420, que estableció un límite de 80 millones de dólares anuales para distribuir entre regiones y comunas, dejando cualquier excedente en manos del Tesoro Público. Esto significa que, a pesar de la alta producción regional, las zonas que enfrentan las externalidades de la minería están recibiendo menos recursos de los que generan.
A este escenario se suma una preocupación técnica inmediata: un error en la aplicación del mecanismo de distribución nacional que derivó en transferencias superiores a las debidas en años anteriores. Ante esto, la Tesorería General de la República ha iniciado un proceso de recuperación que se traducirá en descuentos automáticos a los presupuestos municipales durante 2026 e incluso 2027. “Estamos muy impactados por la fórmula que se aplicó. Se están generando descuentos progresivos por recursos que habrían sido entregados de más especialmente durante 2023 y 2024”, explicó el presidente de AMRA y alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta.
El Gobernador Regional, Ricardo Díaz, calificó de “inaudito” que las zonas productoras vean mermados sus fondos bajo este nuevo esquema. Por su parte, el senador Esteban Velásquez recordó que esta es una lucha histórica por la autonomía política y fiscal de la zona norte, enfatizando que no corresponden rebajas de este tipo cuando la región ya entrega tanto al país. La visión es compartida por el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, quien subrayó la urgencia de lograr una distribución más justa que no castigue a las comunas que albergan la actividad minera.
Como medida de acción inmediata, el bloque de autoridades regionales viajará a Santiago para reunirse con representantes del nivel central. El objetivo es aclarar la situación con Tesorería y, a largo plazo, revisar la normativa que limita el retorno de las patentes a los territorios. Con esta gestión conjunta, los municipios esperan recuperar el “espíritu de la ley” y asegurar que la riqueza del subsuelo se traduzca efectivamente en obras y mejoras para los vecinos de la Región de Antofagasta.