El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, lanzó una severa advertencia sobre las implicancias de seguridad que traerá la puesta en marcha del Corredor Bioceánico Capricornio. Durante su participación en la Mesa Redonda Internacional realizada en Asunción, Paraguay, el persecutor señaló que este ambicioso proyecto de integración, que unirá el puerto brasileño de Santos con los terminales de Antofagasta, Mejillones e Iquique, podría transformarse en un factor decisivo para la expansión del crimen organizado transnacional si no se toman medidas proporcionales a su magnitud.
Según el análisis del fiscal, la Macrozona Norte enfrenta una transformación profunda marcada por la instalación de mafias extranjeras y la consolidación de asentamientos irregulares con características de “favelas”. En este escenario, el corredor de más de 3 mil kilómetros se configura como un punto crítico, al facilitar una comunicación directa con territorios controlados por el Primer Comando Capital (PCC) o zonas de la Triple Frontera asociadas al financiamiento de grupos como Hezbollah, abriendo rutas de exportación de mercancías ilícitas a gran escala hacia mercados de alto valor como Japón y Australia.
En la cita internacional, organizada por la American Bar Association, Castro Bekios expuso que el crimen organizado ha evolucionado hacia un “sistema empresarial global” altamente adaptable. Esta estructura representa una amenaza existencial para la estabilidad democrática, con un costo social estimado en 168 mil millones de dólares anuales para América Latina. En Chile, esta vulnerabilidad se concentra en Antofagasta debido a su estratégica conectividad y porosidad fronteriza, lo que genera un ecosistema ideal para el desarrollo de actividades ilícitas de gran envergadura.
El persecutor fue crítico respecto al actual Plan de Acción del Corredor Bioceánico, calificándolo de tener un enfoque meramente vial y preventivo que ignora la dimensión penal. “Mientras el plan habla de la posible presencia de bandas criminales, la realidad operativa muestra que estas bandas ya están instaladas”, afirmó. Las cifras respaldan su preocupación: en 2025 la región incautó un récord histórico de 38 toneladas de drogas, destacando el explosivo aumento del 1.000% en decomisos de ketamina y la creciente irrupción de metanfetaminas de alta pureza.
Ante este complejo panorama, Castro Bekios sostuvo que la respuesta del Estado debe ser urgente e integral. Identificó como prioridades la recuperación del control territorial en campamentos “favelizados”, el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria y la modernización de la fiscalización marítima y aduanera mediante sistemas de trazabilidad digital. Asimismo, enfatizó que es vital intensificar la cooperación internacional con las fiscalías del Cono Sur para monitorear los movimientos de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua.
Finalmente, el fiscal concluyó que la seguridad del norte de Chile es hoy la frontera donde el Estado debe demostrar su capacidad de respuesta frente al crimen organizado. Para el jefe regional del Ministerio Público, el éxito del Corredor Bioceánico como motor de desarrollo económico dependerá estrictamente de la voluntad política para evitar que esta megaobra se convierta, finalmente, en una “autopista para el delito” que comprometa la soberanía y seguridad de la nación.
