Un caso de corrupción sacude a la Policía de Investigaciones (PDI) en Antofagasta, luego de revelarse que cinco funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (DEMIG) han sido sancionados por su participación en una red criminal que facilitaba trámites migratorios a cambio de importantes sumas de dinero y regalos.
El escándalo se hizo público tras una exhaustiva investigación administrativa llevada a cabo por la PDI, la cual reveló que los funcionarios implicados recibían obsequios, como botellas de whisky, e incluso tenían acceso a un departamento prestado para “reunirse” con mujeres, a cambio de acelerar trámites migratorios y obtener duplicados de tarjetas únicas migratorias, también conocidas como “tarjetas de turismo”. Estos documentos eran otorgados a extranjeros que ingresaban al país por pasos no habilitados, en coordinación con un civil que trabajaba en una agencia naviera.
El caso se inició el viernes 7 de abril de 2022, cuando una ciudadana colombiana, Ángela Casanova Becerra, fue detenida en el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta mientras intentaba abordar un avión hacia Cali, Colombia. Durante el control migratorio, el detective Dennis Navarrete Díaz, del DEMIG Antofagasta, detectó irregularidades en la tarjeta de turismo de Casanova, lo que desencadenó una serie de revelaciones impactantes.
Ángela Casanova confesó haber ingresado al país por un paso no habilitado en la región de Tarapacá y reveló que su yerno, Ronald Zapata Ceballos, le había facilitado la documentación necesaria para salir de Chile. Estas revelaciones llevaron a la apertura de un sumario administrativo el 11 de abril de 2022, con el objetivo de determinar las circunstancias del uso indebido de la tarjeta de turismo y la posible implicación de personal institucional.
El sumario administrativo reveló detalles de las maniobras empleadas por los “asesores” y los funcionarios de la PDI implicados, quienes recibían importantes sumas de dinero o regalos a cambio de sus servicios. Además, se descubrió la existencia de un audio en el que uno de los implicados hablaba sobre un viaje que no pudo ser registrado en el sistema interno de la PDI.
Entre los nombres mencionados en el reportaje se encuentra Sergio Hidalgo Acuña, quien era conocido por los funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta de la PDI debido a su trabajo en una agencia naviera y su relación con el traslado de tripulantes y personal policial. Hidalgo se convirtió en la figura clave para revelar los vínculos entre los policías y las empresas dedicadas a la tramitación de documentos migratorios.
El sumario administrativo también reveló que algunos de los funcionarios no solo recibían dinero, sino que también aceptaban regalos como botellas de whisky y tiempo en un departamento para “reunirse” con mujeres.
En respuesta a estos hallazgos, cuatro de los funcionarios implicados ya no forman parte de las filas de la policía civil. El caso pone de manifiesto la importancia de combatir la corrupción en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley.
Después de una exhaustiva investigación, se tomaron medidas disciplinarias contra los cinco funcionarios involucrados. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso al dictamen de 34 páginas, en el que se detallan las acciones fraudulentas llevadas a cabo por los “asesores” y los funcionarios de la PDI, quienes recibían importantes sumas de dinero y regalos a cambio de facilitar los trámites migratorios.
El 27 de enero de 2023 se cerró el sumario interno, y casi un mes y medio después, el 13 de marzo, se propusieron medidas disciplinarias para los funcionarios indagados. Para el comisario César Muñoz se dictaminó la sanción de tres días de permanencia en el cuartel; para los asistentes policiales, Patricio Véliz y Esteban Trujillo, se dictaminó la baja por mala conducta; para el subprefecto Andrés Fuentes, se dictaminó la sanción de petición de renuncia; y para el subcomisario Sebastián Zúñiga se dictaminó la sanción de separación de la institución.
Desde la PDI indicaron a Bío Bío que “en la actualidad existe una investigación penal en desarrollo, por lo tanto, no es factible referirnos a ella. En esta línea señalar que por la gravedad de los hechos investigados fueron dados de baja cuatro funcionarios. Independiente de lo anterior, se instruyó un sumario administrativo que se encuentra aún en desarrollo”.
Asimismo destacaron que “fue la propia institución quien identificó y denunció los hechos ante el Ministerio Público, acción por la cual se dio inicio al proceso judicial en curso”.