Una investigación de la Contraloría Regional de Antofagasta, detectó deficiencias significativas en el proyecto de mejoramiento de la Avenida Ejército, entre Homero Ávila y Ruta 28, en Antofagasta. De acuerdo al informe, este proyecto, financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta y recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), se ha encontrado plagado de irregularidades y retrasos.
El informe, que tenía como objetivo fiscalizar el correcto cumplimiento de las exigencias técnicas y administrativas del contrato, ha revelado que la inspección técnica (ITO) no controló adecuadamente la ejecución de las obras.
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra la ausencia de 88 muestras esenciales para validar la calidad de los materiales utilizados, en particular, en elementos clave como pavimentos, veredas de hormigón y muros de contención. En este sentido, se verificó un desplazamiento importante en el muro de contención o veredas con una medida distinta a la considerada original, con las correspondientes consecuencias en el ancho de la calzada.
FALTA DE ACTO ADMINISTRATIVO Y NEGLIGENCIAS
La falta de un acto administrativo que apruebe las modificaciones realizadas por la contratista, Tapusa Sociedad Anónima Agencia Chile, es otro punto de inquietud, sugiriendo una posible negligencia en el control y seguimiento de los cambios en el proyecto.
El proyecto, valorado en $16.846.417.174 IVA incluido, fue concebido para mejorar una de las arterias más importantes del sur de la ciudad, esperando mejorar significativamente la circulación vehicular y proporcionar espacios de esparcimiento en el borde costero. Además, la obra incluía aspectos vitales como la construcción de ciclovías, muros de contención y áreas verdes.
La Contraloría cuestiona que el SERVIU licitó y contrató un proyecto con un diseño que tenía deficiencias técnicas, cuyas corrcciones incidieron, en parte, a la fecha de cierre de esta fiscalización -18 de abril de 2023- en un aumento del monto total del contrato de $ 790.216.743.
Además, se constató un retraso significativo en la ejecución de las obras que alcanza un 40,56% del plazo considerado originalmente.
Los retrasos en la obra son particularmente impactantes si se considera el plazo original y la fecha de inicio de las obras, que se establecieron en 1.080 días corridos a partir del 7 de enero de 2020. Sin embargo, con las modificaciones aprobadas, el plazo se extendió a 1.518 días, con un vencimiento previsto para el 4 de marzo de 2024. Es decir, 438 días corridos más de lo contemplado originalmente.
AUSENCIA DE MULTAS Y SUPERVISIÓN A DEFICIENCIAS
La Contraloría constató que no se aplicaron multas por la ausencia del profesional coordinador ambiental, quien no realizó las visitas requeridas a la obra. Se recomendó que se apliquen sanciones ante incumplimientos de este tipo en el futuro.
Se encontró que no se solicitó el certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que los subcontratistas no registran deudas laborales y/o previsionales para con sus trabajadores.
Por otro lado, los informes mensuales emitidos por la empresa constructora no cumplían con el contenido mínimo establecido en las bases de gestión de la calidad. Además se encontró que la instalación de faenas presentaba una cantidad insuficiente de servicios higiénicos, no cumpliendo con la normativa sanitaria. También se identificó la falta de una bodega para el almacenamiento de sustancias peligrosas.
En respuesta al informe, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas se comprometió a tomar medidas para corregir las deficiencias señaladas y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales en futuros proyectos.
Este informe resalta la necesidad crítica de mejorar los procesos de supervisión y control en proyectos de infraestructura pública. La Contraloría ha exigido acciones correctivas inmediatas para abordar estas deficiencias, poniendo en primer plano la transparencia y responsabilidad en la gestión de proyectos clave para el desarrollo de la ciudad.