En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió este martes 6 de febrero, rechazar el recurso de protección interpuesto por la Municipalidad de San Pedro de Atacama. La solicitud buscaba instruir a la Secretaría Regional Ministerial de Salud para practicar la eutanasia a perros abandonados en la comuna, una medida que ha generado amplio debate y preocupación en la comunidad.
El tribunal, compuesto por los ministros Virginia Soublette Miranda, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Carlos Cabezas Cabezas, determinó que no existió un acto ilegal o arbitrario por parte de la autoridad sanitaria que justificara la acción. Según el fallo, la autoridad sanitaria solo tiene facultades para retirar y eliminar perros vagos o comunitarios en casos de rabia o posibles brotes de esta enfermedad, situaciones que no se aplican al caso actual.
La decisión resalta las acciones ya realizadas por la Seremi de Salud, incluyendo intervenciones en el sector tras accidentes de mordeduras y la coordinación con Carabineros y la propia Municipalidad de San Pedro de Atacama para abordar el problema de los perros abandonados.
Se menciona específicamente el ataque de una jauría a una madre y su hijo menor, donde se identificaron cinco caninos, todos con dueños, microchip y vacunas al día.
La Corte subrayó que el recurso de protección no es el medio adecuado para declarar derechos o ejecutar políticas públicas como la eutanasia masiva de perros abandonados. Enfatizó que es responsabilidad de la Municipalidad adoptar las medidas necesarias para cumplir con la Ley N°21.020, la cual prohíbe el sacrificio de animales como método de control poblacional, una prohibición que se extiende a todos los servicios públicos.
Finalmente, el fallo concluye rechazando el recurso presentado por Justo Zuleta Santander, representante de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, incluyendo el pago de costas.
Este dictamen subraya la complejidad de gestionar la población de perros abandonados y la necesidad de soluciones humanitarias que respeten la legislación vigente, abriendo el debate sobre las políticas públicas en materia de bienestar animal y la responsabilidad de las distintas entidades gubernamentales.