Este miércoles 26 de marzo, a las 15:00 horas, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta desarrollará una audiencia crucial en la que se abordará el requerimiento presentado contra el exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, por presunto abandono de deberes y faltas a la probidad durante su gestión al mando del municipio.
La sesión se llevará a cabo de manera telemática y contará con la participación de los abogados defensores de Velásquez, Javier Bonilla Cruz y Claudio Rivera Saavedra, además de los representantes legales de los concejales y exconcejales que presentaron el requerimiento: Rolando Lorca, Eladio Cuadra y Axel Villar.
Posibles consecuencias
De ser acogida la acusación por parte del TER, Jonathan Velásquez podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años, lo que implicaría el fin de cualquier aspiración electoral en el corto plazo, incluyendo una posible candidatura a diputado en las elecciones parlamentarias de 2025, alternativa que el exedil había deslizado luego de su derrota en los comicios municipales de octubre pasado.
Las acusaciones
La acción fue ingresada formalmente entre el 15 y 16 de mayo de 2024, y detalla una serie de hechos que apuntan a negligencias graves e incumplimientos administrativos durante el período en que Velásquez ejerció como jefe comunal (2021-2024). Entre las acusaciones más relevantes destacan:
- Falta de ejecución de un plan de cierre del exvertedero La Chimba, pese a los requerimientos de organismos fiscalizadores y resoluciones judiciales.
- Contrataciones irregulares en el servicio de aseo y recolección de residuos, mediante trato directo a la empresa DEMARCO S.A., sin la debida justificación legal ni técnica.
- Uso de recursos municipales para fines personales, como el presunto uso indebido de abogados del municipio en causas de índole privada.
Contexto judicial y político
Esta audiencia ante el TER se da en paralelo a otras investigaciones penales en curso, donde se indagan eventuales delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y uso indebido de recursos municipales durante su gestión.
El desarrollo del proceso ha despertado el interés de la comunidad política local y regional, considerando que la resolución del TER podría sentar un precedente sobre la responsabilidad administrativa de las autoridades electas y sus consecuencias en el ejercicio de funciones públicas.
El fallo del Tribunal Electoral Regional se conocerá tras el análisis de los antecedentes que presenten ambas partes durante la audiencia.