El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, descartó errores del Ministerio Público y acusó la existencia de “opiniones personales” y “consideraciones de orden político” en el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Huneeus, en el marco del denominado Caso ProCultura.
En su presentación ante la Corte Suprema, el persecutor criticó duramente el razonamiento del tribunal antofagastino, que ordenó eliminar las escuchas, incluyendo una conversación con el Presidente Gabriel Boric, por considerar que se trató de diligencias “invasivas” y “carentes de interés criminalístico”.
El fallo, además, cuestionó el actuar de la Policía de Investigaciones (PDI) y del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper —quien autorizó la intervención telefónica sin informar que el número correspondía a una testigo y no a un imputado—, destacando la falta de diligencia y comparando la situación con prácticas propias de regímenes autoritarios.
“La emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la PDI o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificada como impertinente”, afirmó Castro Bekios.
Además, enfatizó que la acción de amparo presentada por la defensa de Huneeus fue usada de manera impropia, al pretender revisar resoluciones judiciales que, a su juicio, no infringían garantías constitucionales.
“Por lo pronto, son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político”, aseguró, solicitando a la Corte Suprema que acoja su apelación y declare la legalidad de las diligencias, o que anule los pasajes del fallo que, a su juicio, exceden el marco jurídico.
Cabe recordar que, tras el revés judicial que invalidó las escuchas, el caso ProCultura fue reasignado por la Fiscalía Nacional a la fiscalía regional de Antofagasta, quedando ahora bajo la conducción de Castro Bekios, quien asumió el liderazgo de una investigación que ha salpicado a figuras cercanas al oficialismo y cuyo futuro sigue bajo la atención pública y judicial.