La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Gobierno Regional de Antofagasta y otros cinco GORE del país, según consta en los informes finales de fiscalización correspondientes a los primeros nueve meses del año 2024.
La auditoría tuvo por objetivo verificar que las transferencias a entidades privadas y públicas se ajustaran a la normativa, especialmente en un año marcado por elecciones regionales. Entre los puntos clave se buscó evitar que dichos recursos fueran utilizados con fines de campaña electoral o propaganda política.
En el caso del GORE de Antofagasta, el Informe Final N°810 de 2024 expone los siguientes hallazgos:
Recursos Pendientes de rendición:
- Se detectó un saldo pendiente de rendir de $4.202.867.306 por parte de entidades receptoras de transferencias desde al menos 2021.
- Además, hay $4.856.481.471 observados, solicitados a reintegrar o rechazados a diversas entidades privadas, por falta de respaldo documental adecuado.
Falta de medidas correctivas:
- No se tomaron acciones suficientes para recuperar o aclarar estos recursos observados ni para exigir rendiciones pendientes, lo que compromete el resguardo de fondos públicos.
Irregularidades en contratación de personal:
- Se identificaron contratos a honorarios que no se ajustan a la naturaleza del vínculo, ya que desempeñaban funciones propias y habituales del servicio.
Bitácoras de vehículos fiscales:
- Inconsistencias en los registros de uso de vehículos fiscales: no se llenaron correctamente y no hubo medidas para controlar su correcto uso.
Mal uso de redes institucionales:
- Se detectó uso indebido de redes sociales y plataformas oficiales del GORE para actividades no institucionales y uso indebido de la imagen del Gobernador en redes institucionales.
Mal uso del ítem publicidad
- Se rindieron como gastos en el item de publicidad servicios que no se enmarcan en esa área, como cócteles, coffe break, almuerzos en restaurantes y alojamientos en hoteles.
Estos antecedentes llevaron a la Contraloría a ordenar un sumario administrativo, con el fin de establecer responsabilidades por el deficiente resguardo de recursos públicos en la región.
Irregularidades con enfoque electoral
A nivel nacional, la auditoría también observó conductas similares en los gobiernos regionales de Tarapacá, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes. En varios de ellos, se constataron contrataciones para difusión personal de autoridades, asesorías sobre contingencia política, y uso de redes institucionales para beneficio electoral.
En el Gobierno Regional Metropolitano, por ejemplo, se contrató un servicio de coaching por más de $31 millones que terminó siendo una asesoría para la campaña del gobernador. En Magallanes, se utilizó personal a honorarios y recursos públicos para promocionar la imagen del gobernador en redes sociales.
La Contraloría derivó parte de estos antecedentes al Ministerio Público y continuará con procedimientos disciplinarios en cada una de las regiones mencionadas.