En su primer año de vigencia, la Ley de Royalty Minero ha logrado una recaudación histórica que supera los US$1.550 millones, consolidándose como una de las reformas tributarias más relevantes de los últimos años y marcando un hito en la redistribución de la riqueza generada por la minería.
La cifra representa un ingreso significativamente superior a las proyecciones iniciales, fortaleciendo el enfoque regionalista del senador Esteban Velásquez, autor del proyecto, quien desde 2018 impulsó esta iniciativa con el objetivo de compensar a las comunas productoras por las externalidades de la minería y entregar más recursos a los territorios históricamente postergados.
Promulgada en agosto de 2023 y en vigencia desde enero de 2024, la Ley 21.591 establece un esquema tributario progresivo para los grandes productores de cobre, incluyendo un componente ad valorem del 1% sobre las ventas anuales y otro sobre las utilidades, que varía entre el 8% y 26% según el margen minero.
Beneficio a las comunidades
El senador Velásquez valoró la positiva respuesta del mercado y la estabilidad del sector pese a los temores manifestados durante el debate legislativo. “Durante el extenso proceso legislativo, representantes de la industria minera vaticinaron graves consecuencias: pérdida de competitividad, cierre de operaciones y despidos masivos. Sin embargo, a más de seis meses de su entrada en vigor, nada de eso se ha materializado”, afirmó.
El legislador por la región de Antofagasta también destacó que la recaudación está permitiendo impulsar proyectos concretos en beneficio directo de las comunidades locales.
Tres fondos, un objetivo: desarrollo con equidad
Los ingresos generados por el Royalty Minero se distribuyen mediante tres instrumentos:
- Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD): financia proyectos de inversión productiva, innovación y desarrollo regional.
- Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial (FET): apoya a municipios con menores ingresos, disminuyendo desigualdades presupuestarias.
- Fondo de Comunas Mineras (FCMI): entrega recursos de libre disposición a municipios mineros como compensación por las externalidades de la actividad extractiva.
Durante 2024, se adelantaron recursos para fortalecer el sistema: US$79 millones al Fondo Común Municipal, US$25 millones al FCMI y US$20 millones a los Gobiernos Regionales mediante el FRPD, permitiendo financiar 72 proyectos en instituciones como CORFO, INDAP, FOSIS y universidades.
Infraestructura y transparencia
Velásquez hizo un llamado a los gobiernos regionales y municipales a utilizar estos fondos con visión estratégica. “Hay que atreverse a grandes infraestructuras para la región”, indicó, proponiendo autopistas estatales, carreteras y obras de alto impacto social.
Además, subrayó la importancia de una gestión transparente y eficiente para evitar irregularidades: “Este es un avance histórico para las regiones. No puede repetirse la historia de la corrupción, los proyectos fantasmas o el uso político de estos recursos”.
Con el Royalty Minero, Chile avanza hacia una mayor justicia territorial, reconociendo el aporte de las regiones productoras y abriendo una nueva etapa de inversión pública descentralizada.