El domingo 1 de junio, la ciudad de Antofagasta fue escenario de un hecho que ha causado profundo impacto a nivel regional y nacional: la muerte de Rosalina Díaz López, una joven de 29 años que cayó desde el piso 14 de un edificio en el sector norte de la ciudad.
Su deceso, que en un principio fue investigado como suicidio, ha sido calificado por el Ministerio Público y por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) como un suicidio femicida, figura legal amparada por la Ley Antonia y la Ley Integral contra la Violencia de Género.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia de formalización del imputado en la causa, los hechos ocurrieron al interior del departamento que ambos compartían en el sector norte de Antofagasta. En dicho lugar, y en medio de una situación de violencia intrafamiliar, se habrían producido las interacciones que derivaron en el suicidio de la víctima.
Personal policial constató además que el hombre incumplía una medida cautelar vigente de alejamiento y abandono de hogar, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta en el marco de una causa por violencia intrafamiliar. Esta orden le prohibía habitar el mismo domicilio y acercarse a la víctima bajo cualquier circunstancia.
A raíz del caso, el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) sesionó por segunda vez en la región, activando una serie de diligencias judiciales y sociales en torno a los hechos, con el fin de esclarecer lo ocurrido, apoyar a la familia de la víctima y presentar una querella.
“Nos encontramos analizando la forma en que presentaremos la querella, toda vez que actualmente nuestro país cuenta con una legislación más robusta para perseguir este tipo de decesos”, afirmó la directora regional del SernamEG, Gabriela Saraya Seguel.
El caso se agrava al conocerse que el imputado por estos hechos debía cumplir una medida cautelar de alejamiento y abandono del hogar, orden que no habría acatado. Este incumplimiento será clave para las acciones legales que se preparan.
Protección al hijo sobreviviente
Uno de los primeros pasos tomados por el CIF fue solicitar la intervención del Servicio Especializado de la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de proteger los derechos del hijo sobreviviente de la víctima. Paralelamente, se gestionará una pensión conforme a la ley 21.565, que establece un régimen de reparación integral para víctimas indirectas de femicidio y suicidio femicida.
“Queremos dar una señal a la comunidad de que como Estado estamos para asegurar a toda mujer que habite en el país una vida libre de violencia”, añadió Araya Seguel. “Tras cada agresión hay hechos delictivos que se arrastran por años y que deben ser condenados jurídica y socialmente”.
Asimismo, familiares y amigos de la víctima convocaron a una manifestación, exigiendo justicia.
Cifras preocupantes
Este caso corresponde al primer suicidio femicida registrado en la región de Antofagasta y el segundo a nivel nacional durante este año. Según el informe anual de Femicidios del CIF, en 2023 se reportaron cuatro suicidios femicidas a nivel nacional. En lo que va de 2024, ya se han registrado dos casos.
Los datos del CIF también revelan que el 54,4% de los femicidios ocurren en el domicilio compartido entre víctima y agresor, y que en más de la mitad de los casos no existía denuncia previa. El año pasado se identificaron 416 víctimas indirectas, principalmente niños, niñas y adolescentes.
Canales de apoyo
Ante cualquier situación de violencia de género, el SernamEG ha dispuesto diversos canales de ayuda, entre ellos el teléfono 1455 y el WhatsApp +56 9 9700 7000, así como una red regional de Centros de la Mujer, Casas de Acogida, móviles itinerantes y equipos profesionales en algunas municipalidades.