Lo que comenzó como un conflicto sindical en Minera Escondida escaló hasta transformarse en un caso judicial con repercusiones económicas directas para 105 trabajadores, que deberán devolver un bono de $8.5 millones por orden de la justicia.
La situación se remonta a 2019, cuando se realizó una negociación colectiva entre los integrantes del Sindicato Interempresa, conocido también como “Sindicato 3” y Escondida BHP, lo que derivó en el acuerdo que consideraba el pago de este bono.
El hecho derivó en una denuncia presentada en 2021 por el Sindicato N°1 de Minera Escondida, que acusó prácticas antisindicales y cuestionó la legalidad del convenio firmado por trabajadores del llamado “Sindicato 3”, una estructura paralela que, según el fallo, no cumplía con los requisitos de representatividad ni de quórum legal del 10% del total de trabajadores de la empresa.
Fallo judicial y consecuencias
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la denuncia y declaró la nulidad de la negociación. El caso llegó a la Corte Suprema, que rechazó los recursos del Sindicato Interempresa, ratificando la sentencia. Como consecuencia, el tribunal ordenó que cada uno de los 105 trabajadores devuelva $8,5 millones, mediante embargos parciales en sus remuneraciones.
Según datos sindicales, 32 de los trabajadores involucrados hoy pertenecen al Sindicato N°1, 38 están afiliados al Sindicato 3, 33 ya no trabajan en la empresa y dos han fallecido.
Sindicatos paralelos
El Sindicato N°1 publicó un comunicado oficial, en el que acusa a Minera Escondida-BHP de sostener un plan sostenido para dividir y debilitar a su organización. Según la declaración:
“Minera Escondida-BHP, en su constante plan de levantar un sindicato paralelo que divida y debilite a nuestra organización, embarcó a un pequeño grupo de trabajadores en una acción calificada como práctica antisindical”, señalaron.
El sindicato sostiene que la empresa desarrolló una negociación informal sin base legal, utilizando al Sindicato 3 como herramienta para socavar la fuerza del sindicato mayoritario. Aseguran además que la empresa nunca ofreció una salida alternativa ni se comprometió a enmendar la práctica, pese a que el juicio se extendió por varios años.
Desde la organización denunciaron que las prácticas antisindicales y que actualmente hay al menos 10 denuncias activas ante el Juzgado del Trabajo y la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, relacionadas con injerencias empresariales en la libertad sindical y represalias contra trabajadores despedidos.
“Este resultado judicial sienta el precedente de que ninguna empresa debe intervenir maliciosamente en el mundo sindical”, señalaron, advirtiendo que la sentencia es un llamado de atención para que se respeten los derechos fundamentales de organización de los trabajadores.
Postura de la empresa
Por su parte, Escondida | BHP afirma que actuó “con total apego a la ley y la facultad que esta confiere a los tribunales. En base a ello, acatamos esta determinación y daremos cumplimiento al fallo”, indicaron.