El senador por Antofagasta Pedro Araya Guerrero (PPD) rompió el silencio frente a la controversia generada por el proyecto de ley que sanciona con penas de cárcel la difusión de antecedentes relacionados con investigaciones judiciales en curso, moción que ha sido bautizada por sus críticos como la “Ley Mordaza 2.0”.
A través de una carta enviada a Diario Antofagasta, el legislador aseguró que la iniciativa “no vulnera la libertad de prensa” y respondió a cuestionamientos por su eventual interés personal en limitar la publicación de reportajes periodísticos que lo involucran a él o a su entorno.
El proyecto —impulsado por Araya junto a los senadores Paulina Núñez (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS)— busca modificar el Código Procesal Penal, endureciendo las sanciones a quienes difundan información reservada de causas judiciales.
La propuesta ha sido ampliamente criticada por organizaciones como el Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa, Anatel, Archi y diversos medios de comunicación. Las principales críticas apuntan a que la medida vulnera el derecho a informar y podría tener un efecto inhibidor sobre el periodismo de investigación.
“Aplicar esta medida significará privar a la ciudadanía de tener acceso a información de interés público“, indicó el Colegio de Periodistas mediante un comunicado.
En redes sociales, la etiqueta #LeyMordaza se convirtió en tendencia, impulsada por voces que rechazan una eventual penalización del ejercicio periodístico y el derecho de la comunidad a ser informada de casos de alta connotación pública.
La posición del senador Araya
Frente a los cuestionamientos, el senador Pedro Araya remitió una carta a este medio en la que defiende el proyecto. Asegura que sobre este tema existe “una verdadera campaña de desinformación impulsada por algunos medios” y que “este proyecto ha sido injustamente tildado de “Ley Mordaza 2.0”, lo que constituye una burda caricatura”.
“El proyecto de ley en tramitación no vulnera la libertad de prensa“, afirma Araya en su escrito, añadiendo que el objetivo de la normativa es evitar filtraciones que puedan entorpecer investigaciones judiciales en curso, especialmente aquellas protegidas por el secreto legal.
“La propuesta sanciona la divulgación de antecedentes de una causa penal sujeta a reserva por parte de quienes, teniendo acceso a ella, los difunden ilícitamente”, indica la carta. También niega que el proyecto tenga un origen personal o que responda a molestia por investigaciones periodísticas recientes.
Sin embargo, Araya sí critica el reportaje publicado por Diario Antofagasta, señalando que incurre en “afirmaciones tendenciosas y subjetivas”, aunque no refuta los hechos descritos ni responde las preguntas enviadas por este medio.
Preguntas sin respuesta
En línea con las buenas prácticas periodísticas y el derecho a réplica, Diario Antofagasta envió al senador una serie de preguntas requiriendo su versión. Las interrogantes abordaban temas como el Hospital Clínico de la UA, el rol de su entorno en convenios del GORE y su vínculo con Javiera Blanco. Hasta el cierre de esta nota, el parlamentario no ha respondido dicho cuestionario.