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Sábado 2 de Agosto del 2025 07:03

Universidad de Antofagasta deberá pagar $60 millones por negar título a estudiante

Una alumna de Derecho no pudo titularse como abogada pese a obtener su licenciatura. El tribunal determinó que la universidad cometió un error al homologar mal sus asignaturas y causarle un grave daño.

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El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda presentada por Olga Zlatar López en contra de la Universidad de Antofagasta, tras determinar que la casa de estudios incurrió en una grave negligencia al no respetar su reglamento interno sobre homologación de asignaturas, impidiéndole así obtener el título de abogada.

La resolución judicial, emitida por la magistrada Andrea Przybyszewski Jopia, condena a la universidad al pago de $60 millones por concepto de daño moral, luego que la afectada cursara estudios de Derecho y obtuviera la licenciatura en Ciencias Jurídicas, pero no pudiera acceder al título profesional debido a la irregular convalidación de sus ramos.

Según se indica en el fallo, la universidad homologó 27 asignaturas cursadas previamente en la Universidad de Chile, lo que representa el 79,4% del plan curricular, infringiendo así el artículo 48 de su propio reglamento de pregrado. Esta irregularidad fue detectada por la Corte Suprema, que rechazó la solicitud de título profesional de Zlatar en enero de 2020.

“La universidad cometió una negligencia grave al permitir la matrícula de la estudiante sin haber verificado previamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, lo que representa un incumplimiento del contrato educativo y una vulneración a la buena fe contractual”, sostiene el fallo.

El tribunal también señaló que la universidad no realizó ninguna gestión ante la Corte Suprema para subsanar su error, ni presentó antecedentes que justificaran su actuación, lo que refuerza el actuar negligente y la responsabilidad institucional.

La sentencia establece que la suma deberá ser reajustada de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde que el fallo quede ejecutoriado hasta su pago efectivo, con intereses corrientes.

La resolución sienta un precedente en cuanto a la responsabilidad de las instituciones de educación superior respecto al cumplimiento de sus propios reglamentos y las consecuencias que puede generar una deficiente gestión administrativa en el futuro profesional de sus estudiantes.

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