Una grave acusación salió a la luz tras el testimonio de una apoderada y funcionaria de la Fuerza Aérea, quien denunció irregularidades en el jardín infantil “Angelitos Dorados”, ubicado al interior de la Base Aérea Cerro Moreno en Antofagasta.
Según reportó TVN Red Antofagasta, parvularias, asistentes y la directora del establecimiento mantenían un grupo de WhatsApp donde compartían fotografías, videos y stickers de los niños —muchos de ellos sin autorización— acompañados incluso de burlas hacia los menores y sus familias. Entre los registros se encuentran imágenes de niños durmiendo, llorando, con mucosidad e incluso un video de un menor sin pañales, lo que la madre calificó como “denigrante”.
La denunciante aseguró que se enteró gracias a tres funcionarias que rechazaban estas prácticas y decidieron alertarla. Señaló que estos hechos habrían ocurrido desde agosto y afectarían a más de 30 menores.
El caso fue llevado a la Policía de Investigaciones, donde quedó en manos de la Brigada de Delitos Sexuales para indagar eventuales delitos asociados a difusión de imágenes sensibles de niños.
En un comunicado difundido este jueves 27 de noviembre, la Fuerza Aérea de Chile confirmó que el 25 de noviembre tomó conocimiento de un “hecho de carácter grave” relacionado con la grabación y difusión no autorizada de imágenes de menores a través de medios digitales.
La institución informó que adoptó las siguientes medidas:
- Denuncia formal ante la Fiscalía Local de Antofagasta.
- Inicio de un sumario administrativo.
- Separación inmediata de funciones del personal involucrado.
- Contacto directo con las familias afectadas, con apoyo integral y contención.
- Orden de resguardar estrictamente la privacidad de los menores, prohibiendo cualquier reproducción o almacenamiento del contenido.
“La protección y bienestar de la niñez es prioridad absoluta”, señaló la FACh, afirmando que continuará colaborando con el Ministerio Público para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.
En paralelo, la Defensoría de la Niñez confirmó que enviará oficios a la FACh y a la Superintendencia de Educación para conocer las medidas adoptadas y exigir la separación de funciones de quienes participaron en los hechos.
La investigación continúa en curso, mientras apoderados esperan sanciones claras y mayores medidas de resguardo para los niños afectados.