La Contraloría Regional de Antofagasta emitió el Informe Final de Investigación Especial N° 654, fechado el 25 de noviembre de 2025, en el que detectó una serie de irregularidades graves al interior de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Antofagasta durante el primer semestre de este año.
La investigación se centró en la actuación de la abogada municipal Paulina Vallejo Rojas y en el control jerárquico ejercido por la exdirectora jurídica Jessica Matus Arenas, quien renunció en octubre.
Entre los hallazgos más relevantes, el organismo acreditó que la profesional Patrocinó acciones civiles en contra de organismos del Estado, lo que está expresamente prohibido para funcionarios públicos según el artículo 56 de la Ley 18.575; Ejerció su labor de abogada particular en horario laboral, asistiendo a audiencias y presentando escritos a tribunales mientras se encontraba registrada en su jornada de trabajo en el municipio y Utilizó su ClaveÚnica, personal e intransferible, para la presentación de documentos judiciales desde instalaciones municipales.
Esto llevó a Contraloría a calificar varias observaciones como Altamente Complejas (AC) y a instruir que la casa consistorial debe recuperar remuneraciones indebidamente pagadas y someter los hechos a un sumario administrativo.
Patrocinio prohibido y ejercicio privado en horario laboral
El informe detalla que Vallejo patrocinó dos causas contra el Estado mientras ya era funcionaria municipal. Se trata de la causa Rol O-23-2024 (Juzgado de Letras de Tocopilla) contra el MOP y el Recurso Rol 2010-2024 (Corte de Apelaciones de Antofagasta) contra Gendarmería.
Ambos patrocinios, según el informe, se mantuvieron durante su periodo contractual en la Municipalidad, vulnerando una prohibición legal explícita.
A lo anterior se suma la constatación de que realizó gestiones judiciales particulares —audiencias y presentación de escritos— en cinco causas distintas durante su jornada laboral, sin permisos ni justificación.
La Contraloría ordenó al municipio regularizar la situación y recuperar parte de los sueldos liquidados, instruyendo acreditar las acciones mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 60 días hábiles.
Exdirectora jurídica estaba al tanto: fallas de supervisión y control
El informe también apunta directamente a la responsabilidad de la exdirectora jurídica Jessica Matus, quien —según constató Contraloría— estaba en conocimiento de que Vallejo realizaba actividades privadas en horario laboral, incluso autorizando algunas de ellas sin acto administrativo que lo respaldara.
La falta de supervisión fue calificada como una observación Compleja, que obliga al municipio a implementar controles para asegurar que sus jefaturas cumplan con el deber de monitorear a su personal.
Matus renunció al cargo el 27 de octubre.
Irregularidades administrativas y debilidades de control interno
Además de las situaciones individuales, la Contraloría detectó múltiples fallas sistémicas en la administración municipal:
1. Conciliaciones bancarias incompletas y sin revisión externa (C)
La cuenta de remuneraciones del municipio —por donde se pagan cientos de millones cada mes— no cuenta con un proceso adecuado de conciliación bancaria ni revisión por terceros, lo que Contraloría considera un riesgo grave de pérdida o mal uso de recursos.
2. Falta de procedimientos para detectar incompatibilidades en abogados (C)
El municipio no posee protocolo alguno para verificar si los abogados que contrata mantienen causas incompatibles con el ejercicio público, lo que permitió que la situación de Vallejo pasara inadvertida.
3. Falta de registro contable de una cuenta de remuneraciones (C)
Los movimientos financieros de la cuenta bancaria donde se depositan los sueldos líquidos no se registran en la contabilidad municipal, lo que vulnera normas básicas de transparencia financiera.
4. Retraso de hasta 35 días hábiles en decretos administrativos (MC)
Permisos, descansos compensados y otros actos administrativos para la funcionaria auditada fueron emitidos con demoras excesivas, incumpliendo principios de celeridad y eficiencia.
Municipalidad deberá corregir procedimientos y responder a Contraloría
El municipio tiene 60 días hábiles para implementar medidas de control, recuperar remuneraciones pagadas indebidamente y reportar el avance de las acciones ordenadas.
Asimismo, Contraloría anunció la apertura de un sumario administrativo, cuyo objetivo será determinar responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.
Antecedentes previos
Aunque el informe se centra exclusivamente en hechos ocurridos durante 2025, este no es el primer episodio que compromete a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Antofagasta. Durante la administración anterior, el uso de abogados municipales para apoyar la defensa personal del exalcalde generó también cuestionamientos sobre el resguardo de recursos públicos y el correcto ejercicio de las funciones legales del municipio. Los antecedentes confirmados por la Contraloría en esa oportunidad fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que esa institución cumpla su labor de perseguir eventuales delitos.