La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio con la formulación de dos cargos, ambos de carácter leve, contra GyJ Inversiones SpA, titular del centro deportivo y recreacional Llacolén Club, ubicado en la comuna de Antofagasta, por presuntos incumplimientos a la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica.
De acuerdo con lo informado por la SMA, la investigación se originó a partir de la recepción de dos denuncias ciudadanas, las que alertaron sobre la existencia de luminarias de potencia excesiva en el recinto. Cabe precisar que los hechos investigados se relacionan con la normativa vigente desde 2012, y no con su actualización de 2022, que comenzó a regir en 2023.
En el marco de la fiscalización ambiental realizada al centro recreacional —que, según se observa en el material gráfico difundido por la autoridad, corresponde a un complejo de pádel y centro de eventos—, la SMA solicitó al titular la entrega de los certificados de cumplimiento de contaminación lumínica exigidos por la normativa, junto con las fichas técnicas de todas las luminarias exteriores (marca, modelo y potencia) y un plano de la instalación que permitiera identificar su ubicación.
Tras el análisis de los antecedentes remitidos, la Superintendencia constató que no fue posible establecer una correspondencia clara entre las fichas técnicas entregadas y las luminarias efectivamente instaladas, lo que impidió verificar si estas contaban con la certificación exigida por la normativa. Este hecho dio origen al primer cargo, calificado como leve.
El segundo cargo, también de carácter leve, fue formulado luego de constatar que las luminarias del recinto se encuentran instaladas con un ángulo de inclinación orientado hacia el hemisferio superior, sin contar con paralumen o viseras, lo que generaría una distribución de luminosidad que excede los límites permitidos, contribuyendo a la contaminación lumínica.
Al respecto, la jefa regional de la SMA en Antofagasta, Javiera de la Cerda, señaló que “a partir de las actividades de fiscalización pudimos constatar que la información entregada por el titular no permite verificar el cumplimiento de esta normativa, la cual es clave para la protección de los cielos de la región”.
Desde la Superintendencia se informó además que, tras la notificación de los cargos, el titular del recinto cuenta con un plazo de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente. El detalle del proceso se encuentra disponible en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).