El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic resolvió aplicar la destitución —la sanción administrativa más grave— a funcionarios involucrados en el caso conocido como “Plan 9 Papers”, tras concluir el sumario instruido íntegramente por la Contraloría General de la República.
El proceso disciplinario, finalizado en noviembre de 2025, se originó a partir de un expediente de más de 700 páginas con transcripciones de conversaciones privadas del entonces alcalde Jonathan Velásquez y su círculo cercano. En esos mensajes se evidenciaron burlas, memes y comentarios racistas, además de eventuales favores a empresarios y otras faltas graves a la probidad, antecedentes revelados originalmente por Diario Antofagasta en 2022.
De rebaja de sueldo a destitución
Si bien la Contraloría propuso como sanción una rebaja del 20% de las remuneraciones y cuatro puntos de descuento en la calificación funcionaria para seis involucrados, la normativa vigente faculta al jefe de servicio a evaluar la proporcionalidad de la medida. Tras revisar el expediente, el alcalde Razmilic estimó que los hechos acreditados revestían mayor gravedad, resolviendo la destitución, sanción que conlleva inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.
Funcionarios notificados y plazos legales
El administrador municipal, Rafael Castro, informó que dos personas continúan en funciones y fueron notificadas personalmente, iniciándose los plazos para recurso de reposición ante el propio alcalde. Una vez resuelto, el acto administrativo deberá remitirse a Contraloría para su toma de razón.
Respecto de quienes ya no trabajan en el municipio, el administrador explicó que, al haberse iniciado el sumario cuando estaban en ejercicio, la sanción se registra en su hoja de vida funcionaria, quedando vigente ante un eventual reingreso a la administración pública.
Quiénes figuran entre los destituidos
Entre los sancionados se encuentran Rodrigo Silva Alvarado, Yamile Guzmán Nadgar (actual administradora municipal de Sierra Gorda), Diego Yáñez Zuvic, Luis Pizarro Silva, Yessenia Collao Avilés y Carolina Alvarado Marín, todos mencionados en las conversaciones que dieron origen al caso.
Un caso que marcó un antes y un después
El caso Plan 9 Papers se transformó en un hito de fiscalización en Antofagasta. La publicación de los chats por este medio permitió a la ciudadanía conocer cómo se tomaban decisiones al interior del municipio, impactando la percepción pública y derivando en consecuencias políticas y administrativas. Años después, parte de esos antecedentes también fueron considerados por el Tribunal Electoral Regional, que inhabilitó al exalcalde Velásquez por faltas a la probidad.