La investigación judicial conocida como caso Muñeca Bielorrusa sumó en las últimas semanas una nueva arista política, luego de que declaraciones de involucrados en el caso motivaran al Ministerio Público a abrir una indagatoria separada, vinculada a presuntas gestiones políticas de parlamentarios para influir en nombramientos de conservadores de bienes raíces.
Los hechos, aún en etapa investigativa, han vuelto a situar a Antofagasta en el centro del debate público, considerando que algunos de los nombres mencionados mantienen vínculos políticos y profesionales con la región.
Lo que revelaron CIPER y El Mostrador
De acuerdo con reportajes publicados por CIPER, uno de los imputados en la causa, el abogado Eduardo Lagos, declaró ante la Fiscalía que la senadora Loreto Carvajal (PPD) habría realizado gestiones para favorecer el nombramiento de un conservador de bienes raíces, señalando además un presunto pago asociado a dicha intervención por $300 millones de pesos. Estos antecedentes, según precisó el propio Ministerio Público, se encuentran bajo investigación y sujetos a verificación, razón por la cual se abrió un nuevo Rol Único de Causa (RUC).
CIPER ha consignado que la Fiscalía maneja estas declaraciones con cautela, considerando que provienen de un imputado que podría buscar atenuantes, y que ninguna imputación constituye por sí sola una conclusión judicial.
En paralelo, El Mostrador aportó contexto político al caso, destacando que la senadora Loreto Carvajal es esposa del exdiputado Gabriel Silber, abogado vinculado al estudio jurídico cuyos socios se encuentran imputados en la misma causa por presuntos pagos irregulares a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Asesorías, nombramientos y redes de influencia
El Mostrador también relevó que Cristina Orellana Quezada, recientemente ratificada por el Senado para un nuevo período en el Consejo de Alta Dirección Pública —organismo que deberá participar en procesos de selección de altos cargos del Estado, incluyendo notarios y conservadores—, fue asesora del senador Pedro Araya (PPD).
Orellana, además, es exesposa de Gabriel Silber, configurándose —según ha descrito ese medio— una red de vínculos políticos, profesionales y personales que hoy se encuentran bajo escrutinio público, en la medida que el Consejo en el que participa tendrá un rol relevante en los concursos de cargos que están siendo investigados por la Fiscalía.
Estos antecedentes no constituyen por sí mismos ilícitos, pero han generado incomodidad política transversal, especialmente tras la ratificación de Orellana por un nuevo período, decisión que fue aprobada por amplia mayoría en el Senado.
Debate público y cruce de declaraciones
El caso también ha derivado en un debate público. En una columna publicada en El Hashtag, el analista Cristián Zamorano expuso los vínculos descritos por la prensa nacional, planteando interrogantes sobre probidad, conflictos de interés y la promesa de despolitización en los procesos de nombramiento.
Dicha columna motivó una respuesta pública del senador Pedro Araya, quien rechazó las insinuaciones, defendió su trayectoria y cuestionó el enfoque del texto, calificándolo como carente de sustento fáctico. Asimismo, su hermano Jaime Araya también se unió a la defensa del Senador, cuestionando a Zamorano. El intercambio refleja el clima de tensión política que rodea a esta nueva etapa del caso.
Es es típico y ya acostumbrado actuar intransparente de un matonesco Clan que fue educado en la profesión exacta para defender sus oscuros intereses. Muchos lo vemos así. Pero carentes de herramientas jurídicas tenemos que mantenernos al margén para evitar cualquier represalia. Solo resta tomar palco en el intertanto.