La Defensoría Penal Pública, a través de su Defensoría Regional de Antofagasta, realizó una visita institucional al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, constatando un escenario de hacinamiento crítico y riesgos sanitarios que afectan a 248 mujeres privadas de libertad, pese a que el recinto fue diseñado para una capacidad máxima de 117 internas.
Durante el recorrido, encabezado por la Defensora Regional Karina Reyes Gálvez, se verificó la coexistencia de tres áreas diferenciadas —imputadas, condenadas y sector materno-infantil— en un contexto de alta densidad poblacional y restricciones severas en el acceso a servicios básicos, lo que impacta directamente en las condiciones de habitabilidad.
Población penal y acceso a servicios básicos
En los pabellones destinados a mujeres imputadas y condenadas, la sobrepoblación obliga a que hasta seis internas compartan celdas de reducido tamaño. Esta presión se replica en la infraestructura sanitaria, ya que la totalidad de estos sectores depende únicamente de dos baños, cuyo uso se encuentra regulado por protocolos de custodia de Gendarmería de Chile, impidiendo un acceso libre y permanente.
Al respecto, Valentina Acuña, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa, advirtió que “el acceso restringido a los baños y la saturación del recinto constituyen un riesgo permanente para la salud de la población penal”, considerando especialmente la convivencia forzada y las dificultades para mantener condiciones básicas de higiene.
Sector materno-infantil: condiciones mínimas
La visita incluyó el área segregada donde residen mujeres embarazadas y madres lactantes junto a sus hijos, actualmente dos lactantes. Si bien este sector presenta condiciones algo mejores en comparación con los otros pabellones, la Defensoría constató que opera bajo estándares mínimos de implementación.
A diferencia de otros centros penitenciarios del país, el CPF de Antofagasta no cuenta con infraestructura formal de sala cuna ni programas de educación inicial, lo que limita el adecuado desarrollo de niños y niñas que viven junto a sus madres al interior del recinto.
Sobre este punto, la Defensora Regional Karina Reyes Gálvez subrayó que “nuestro compromiso es velar por que las condiciones de cumplimiento de la prisión preventiva y de las condenas se ajusten a los tratados internacionales de Derechos Humanos, especialmente cuando hay niños y niñas involucrados que requieren un entorno adecuado para su desarrollo”.
Coordinación institucional y medidas futuras
Pese al complejo escenario, la autoridad valoró la disposición de Gendarmería de Chile y de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos para colaborar en la gestión del recinto, reconociendo que las deficiencias responden en gran medida a limitaciones estructurales históricas.
Según informó la Defensoría Regional, todos los antecedentes recopilados durante la visita serán remitidos a las autoridades competentes, con el objetivo de acelerar mejoras urgentes en el inmueble, mientras avanza el proceso de entrega del nuevo Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta.