La Fiscalía de Antofagasta formalizó por el delito de cuasidelito de homicidio a un ex funcionario de la Seremi de Salud, tras establecer su presunta responsabilidad en el fallecimiento de una profesional de 25 años en julio de 2022. La víctima había sido contratada para realizar toma de muestras COVID-19 en los pasos fronterizos de Hito Cajón y Jama, labores que desempeñaba bajo la supervisión directa del imputado, quien en ese momento ejercía como encargado territorial de la Oficina Sanitaria de Fronteras.
De acuerdo con el relato presentado en la audiencia, la joven comenzó a manifestar graves problemas de salud durante su jornada laboral entre los meses de junio y julio. No obstante, el ente persecutor sostiene que el imputado no activó protocolos de emergencia ni ejecutó conductas de protección, atribuyendo erróneamente los síntomas a un simple cuadro de “puna” o mal de altura. Esta omisión de cuidados habría permitido el deterioro progresivo del estado físico de la trabajadora sin recibir la atención médica requerida por su condición.
La gravedad de la acusación se acentúa con los hechos ocurridos el 4 de julio de ese año, cuando, ante el evidente agravamiento de la víctima, se habría dispuesto su traslado hacia Antofagasta en un taxi convencional, sin ningún tipo de monitoreo clínico ni acompañamiento profesional. Tras llegar a su domicilio por sus propios medios, la joven debió ser ingresada posteriormente al Hospital Regional de Antofagasta, centro asistencial donde finalmente falleció el 6 de julio debido a complicaciones derivadas de la exposición prolongada a la altura.
La Fiscalía detalló que el deceso es atribuible a un actuar “imprudente y negligente” por parte del supervisor, quien tenía el deber legal de velar por la integridad de su personal en zonas de riesgo geográfico. Los antecedentes médicos presentados sugieren que una intervención oportuna y un traslado bajo estándares de seguridad sanitaria habrían evitado el desenlace fatal, configurando así la figura penal del cuasidelito de homicidio por el cual se le investiga.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el imputado, prohibiéndole la salida del país mientras dure el proceso. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 150 días, periodo en el cual el Ministerio Público deberá recopilar pruebas adicionales y peritajes técnicos para determinar las responsabilidades penales definitivas en este caso que ha conmocionado al sector salud de la región.