La Contraloría General de la República ha destapado una “caja de Pandora” en el Hospital Regional de Antofagasta (HRA). Tras una exhaustiva auditoría al contrato de concesión con la sociedad Salud Siglo XXI, el ente fiscalizador confirmó que el recinto opera bajo un estado de precariedad estructural que ha derivado en un perjuicio económico de proporciones y, lo que es más grave, en una vulneración sistemática de los derechos de miles de pacientes. El informe es tan categórico que ha ordenado el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades en la Dirección General de Concesiones (DGC).
El impacto financiero es uno de los puntos más alarmantes del documento. Se estima que el hospital dejó de percibir más de $5.489 millones de pesos debido a la suspensión de 3.894 prestaciones médicas entre 2023 y 2025. Estas cancelaciones no fueron fortuitas: se debieron a fallas críticas en el sistema de climatización, filtraciones de aguas servidas que destruyeron medicamentos e inundaciones en áreas quirúrgicas. A este monto se suman $195 millones en insumos médicos perdidos por contacto con desechos biológicos, los cuales, al cierre de la auditoría, aún no habían sido repuestos por la empresa concesionaria.
Sin embargo, detrás de las cifras frías se esconde un drama humano inaceptable. El informe detalla que 3.884 pacientes vieron frustradas sus atenciones debido a la inoperatividad del recinto. Lo más indignante es que 267 de estas personas quedaron en un “limbo” administrativo, sin ser reprogramadas. Entre los hallazgos de Contraloría figura el caso de un paciente que suma 927 días de espera, es decir, más de dos años y medio, tras la suspensión de su procedimiento, sin que el hospital entregara una explicación coherente sobre esta negligencia.
¿Cómo se llegó a este nivel de deterioro? La respuesta de Contraloría apunta a una fiscalización “fantasma”. Se descubrió que los encargados de supervisar que la concesionaria cumpliera el contrato no contaban con las competencias mínimas. Mientras las bases exigen ingenieros o arquitectos con postgrado y amplia experiencia, la DGC designó como Inspector Fiscal titular a un técnico en comunicación y relaciones públicas. Esta falta de idoneidad técnica explica por qué hubo multas que tardaron más de 1.000 días en tramitarse y por qué la empresa se permitió realizar 18 intentos fallidos para arreglar una puerta de escáner, demorando casi un año en una reparación básica.
El estado de las instalaciones roza lo insalubre y lo peligroso. Los fiscalizadores detectaron que el sistema de climatización es insuficiente por diseño: no logra enfriar el hospital si afuera hay más de 25°C, lo que genera un riesgo clínico en pabellones y unidades de cuidados intensivos. Además, se constató la presencia de feces de aves en equipos técnicos, corrosión generalizada en cañerías y, en un hecho de extrema gravedad, estructuras críticas que no cuentan con protección contra el fuego, dejando al principal centro asistencial del norte del país vulnerable ante un eventual incendio.
Ante este escenario de descontrol, la Contraloría ha dado un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección General de Concesiones y el Hospital Regional acrediten el cobro de las multas pendientes, gestionen el reembolso de los dineros perdidos y, sobre todo, garanticen la atención de los pacientes postergados. Este informe no solo pone en entredicho la gestión de la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, sino que cuestiona profundamente el modelo de fiscalización del Estado sobre sus obras públicas, dejando a la comunidad de Antofagasta a la espera de justicia administrativa y sanitaria.
