En una intervención que marca un giro hacia una postura de mayor control territorial, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, abordó la compleja realidad de los campamentos en la capital regional. El jefe comunal fue enfático en señalar que la gran mayoría de las ocupaciones irregulares se encuentran en terrenos de propiedad del Serviu o de Bienes Nacionales, lo que radica la responsabilidad legal de su restitución exclusivamente en los organismos del Estado y la Delegación Presidencial.
Razmilic lamentó que, pese a ofrecer camiones y maquinaria municipal para operativos de limpieza o desalojo, no ha recibido peticiones formales de colaboración por parte de las autoridades pertinentes.
El alcalde vinculó el crecimiento exponencial de los asentamientos precarios en Antofagasta con decisiones políticas de administraciones pasadas, sugiriendo que existió una suerte de permisividad que hoy pasa la cuenta a la ciudad. “Fue particularmente grave lo ocurrido en los últimos años, donde los campamentos se dispararon. Yo creo que acá también hubo una especie de utilización”, afirmó la autoridad.
En cuanto a los pasos a seguir, Razmilic anunció que existe un compromiso directo desde el nivel central para ejecutar el primer desalojo de un campamento a la brevedad. Según explicó, la estrategia apunta a utilizar todas las herramientas legales para actuar, especialmente en las etapas iniciales de las tomas, con el fin de desincentivar nuevas ocupaciones. “Aquí hay que entrar con la mano dura”, sentenció el edil.
Finalmente, el jefe comunal advirtió que la normalización de las tomas afecta la planificación urbana y la seguridad de toda la comunidad antofagastina. Con el respaldo de la nueva legislación y la presión hacia los ministerios correspondientes, la alcaldía busca que el Estado asuma su rol de custodio del patrimonio fiscal.