En un hecho considerado histórico por las comunidades del norte de Chile, se desarrolló la primera Audiencia de Conciliación y Prueba ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en el marco de la demanda interpuesta contra el Estado de Chile por el daño ambiental y el abandono histórico que por décadas ha afectado a la comuna de Calama.
Entre los testigos destacados se encuentra el senador Esteban Velásquez, quien durante su testimonio como ciudadano recordó los años en que, siendo alcalde de Calama, se negó a firmar el Plan de Gestión de la Calidad del Aire impulsado por el Gobierno, argumentando que aquel documento no respondía a las verdaderas necesidades de la ciudad y que sus medidas eran “insuficientes y reiterativas”, pues muchas de ellas ya estaban siendo ejecutadas por el propio municipio con recursos locales.
“En ese momento dijimos con claridad que Calama necesitaba soluciones de fondo, no protocolos simbólicos. La contaminación del aire, la escasez de agua y la pérdida del Río Loa no eran fenómenos nuevos; eran la consecuencia directa de décadas de explotación minera sin una acción estatal proporcional al daño”, señaló el parlamentario.
Velásquez recordó además que la decisión de trasladar el campamento de Chuquicamata hacia la ciudad de Calama, sin un estudio de impacto ambiental, agravó los problemas urbanos y sanitarios. “Se superpuso una ciudad sobre otra, sin planificación, aumentando la carga vehicular y la presión sobre un ecosistema ya colapsado”, expresó el legislador.
Abandono de Calama
La demanda, presentada por 20 organizaciones sociales de Calama, busca establecer la responsabilidad del Estado por la exposición prolongada de la población a material particulado respirable (MP10), luego de que en 2009 la comuna fuera declarada zona saturada por contaminación atmosférica mediante el Decreto Supremo N°57 del Ministerio del Medio Ambiente.
De acuerdo con los antecedentes aportados, el cáncer es hoy la principal causa de muerte en la comuna, mientras los centros de salud registran un colapso sostenido por el aumento de enfermedades físicas y mentales asociadas al deterioro ambiental.
“El Estado tiene que responder. No se trata de una pelea contra una empresa, sino de una exigencia de justicia ambiental frente a un modelo que ha privilegiado la producción sobre la vida. Calama no puede seguir siendo una zona de sacrificio”, enfatizó Velásquez.
El Plan de Descontaminación Atmosférica de Calama, aún sin implementarse, identifica a Codelco como una de las principales fuentes emisoras de material particulado, principalmente por sus divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y el tranque Talabre.
Para Velásquez, este juicio “es una oportunidad histórica para que el Estado reconozca su omisión prolongada y adopte medidas de reparación ambiental y social efectivas, que incluyan la restauración de la calidad del aire, la recuperación del Río Loa y la protección de la salud de la población”.
“Hace años advertimos este abandono, y hoy la justicia tiene la posibilidad de corregirlo”, concluyó el senador.