En una audiencia marcada por la gravedad de los antecedentes expuestos, el Juzgado de Garantía de Calama determinó que el único imputado por la tragedia del Colegio Obispo Silva Lezaeta representa un peligro para la seguridad de la sociedad, dictaminando su ingreso inmediato a prisión preventiva. Los hechos, registrados el pasado viernes 27 de marzo, terminaron con la vida de una querida inspectora del establecimiento y dejaron a otras cuatro personas heridas tras un ataque que ha sido calificado provisionalmente como homicidio calificado consumado y frustrado, además de infracciones a la Ley de Armas.
La jueza a cargo de la instancia judicial estableció un plazo de 180 días para la investigación, periodo en el cual el Ministerio Público y las policías deberán recopilar las pruebas científicas y testimoniales necesarias para el juicio oral. En este contexto, se fijó una audiencia de revisión de la medida cautelar para el 25 de junio de 2026 y una audiencia de control de plazo para el 28 de septiembre del mismo año, asegurando el seguimiento riguroso de una de las causas más sensibles de los últimos años en la capital loína.
Por razones de seguridad y debido al alto impacto público del caso, se determinó que el acusado cumpla la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Antofagasta. El tribunal instruyó a Gendarmería de Chile adoptar medidas especiales para resguardar tanto la integridad de la población penal como la del propio imputado, luego de que se hiciera público que este manifestó intenciones de atentar contra su vida.
Este fallo judicial entrega un primer respiro de justicia a las familias afectadas y a la comunidad escolar, que durante esta semana ha realizado diversas velatones y actos de reflexión en memoria de la funcionaria fallecida.