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Lunes 13 de Octubre del 2025 11:25

Contraloría destituye a exrector y vicerrectora de la Universidad de Antofagasta por irregularidades en el Hospital Clínico UA

El órgano fiscalizador sancionó a trece funcionarios —incluyendo al exrector y a la exvicerrectora económica— tras acreditar conflictos de interés, contratos sin respaldo legal y uso indebido de recursos públicos. La resolución confirma las irregularidades advertidas por Diario Antofagasta desde 2019 en sus reportajes de investigación, dando origen al Caso Hospital UA.

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Un proyecto que prometía salud, pero terminó en escándalo

El Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta nació como una alianza entre la casa de estudios y el Servicio de Salud de Antofagasta, con el objetivo de transformar el antiguo Hospital Regional en un moderno centro docente-asistencial que integrara formación médica, investigación y atención pública.

Sin embargo, el informe final de la Contraloría Regional de Antofagasta emitido en Octubre de 2025, reveló un entramado de convenios irregulares, conflictos de interés y manejo indebido de recursos públicos que derivaron en trece sanciones administrativas, incluyendo destituciones, suspensiones y multas.

La investigación detectó, entre otros hechos, la cesión de bienes públicos sin autorización legal, la firma de contratos con entidades privadas sin respaldo normativo, conciliaciones judiciales improcedentes y la apertura de líneas de crédito sin acto administrativo, lo que configuró graves infracciones a los principios de probidad y legalidad.

Las sanciones: destitución, suspensión y multas

La Resolución N° 14524-14575 sanciona con destitución al exrector Luis Loyola Morales, quien no puede ejercer cargos públicos y a la exvicerrectora económica Marinka Varas Álvarez, actual vicedecana de ingeniería, además de imponer suspensiones y multas a otros once funcionarios de confianza, entre ellos exdirectivos de las áreas jurídica, económica e infraestructura.

El dictamen también ordena remitir los antecedentes al Ministerio Público, ante la eventual existencia de delitos asociados al manejo de fondos públicos y conflictos de interés, dado que el exrector Loyola integraba simultáneamente la Universidad y la Corporación de Desarrollo Norte Grande, entidad que administró el hospital sin sustento legal.

Fondos públicos bajo cuestionamiento

De acuerdo con la investigación, la corporación ligada al propio exrector suscribió contratos por más de $4.000 millones, arrendó inmuebles y comprometió recursos sin respaldo financiero, generando deudas que luego fueron asumidas por la universidad.

Asimismo, se detectaron pagos irregulares de licencias de software, conciliaciones judiciales sin autorización del Ministerio de Hacienda y la apertura de una línea de crédito por $265 millones sin aprobación del Consejo Superior ni acto administrativo formal.

La Contraloría estimó que estas actuaciones configuraron una vulneración directa a las normas de administración financiera del Estado y comprometieron fondos de origen público.

Denuncia penal y conflicto de interés

Por la gravedad de los hechos, el órgano fiscalizador remitió los antecedentes al Ministerio Público y recomendó a la Universidad de Antofagasta reforzar los mecanismos de control interno y revisión de convenios con terceros.

El informe también menciona que parte de las decisiones se tomaron pese a advertencias jurídicas internas, configurando un patrón de gestión irregular sostenido durante varios años.

El inicio del Caso Hospital UA

El dictamen de Contraloría confirma las observaciones que Diario Antofagasta había expuesto desde 2019 en una serie de reportajes de investigación sobre la administración del Hospital Clínico UA, que ya advertían conflictos de interés, pagos indebidos y falta de control financiero.

Con esta resolución, el organismo fiscalizador ratifica los hallazgos de dichas investigaciones periodísticas, abriendo una nueva etapa en la revisión judicial de los hechos.

Este pronunciamiento marca el inicio del denominado “Caso Hospital UA”, que podría transformarse en uno de los mayores escándalos administrativos de la educación superior en el norte del país.

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