La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en el proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA), donde se comprometieron más de $3.000 millones en recursos públicos.
El informe propone sanciones contra 13 funcionarios y exautoridades de la institución, entre ellos el exrector Luis Loyola, la exvicerrectora económica Marinka Varas, la actual Delegada Presidencial Regional Karen Behrens y dos abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Además, los antecedentes revelan una arista judicial donde actuó el hoy diputado Jaime Araya Guerrero (PPD) como abogado patrocinante en causas laborales posteriormente observadas por Contraloría.
El origen del caso
En 2018, el recinto del antiguo Hospital Regional de Antofagasta, junto con todo su equipamiento, fue traspasado a la Universidad de Antofagasta (UA) para transformarlo en un hospital clínico universitario destinado a la formación médica y atención de pacientes.
La iniciativa prometía modernizar la docencia en salud y aportar al sistema público regional.
Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a aparecer irregularidades: equipos médicos desaparecidos, pagos de sueldos millonarios a operadores políticos y contrataciones sin respaldo legal por parte de la Corporación de Desarrollo Norte Grande, entidad privada que administraba el recinto y recibía fondos desde la propia universidad, pese a que el hospital aún no entraba en funcionamiento.
Varios de estos personeros fueron desvinculados y posteriormente presentaron demandas laborales, representados por el abogado Jaime Araya Guerrero, quien suscribió en 2019 convenios judiciales que derivaron en pagos superiores a $86 millones en indemnizaciones y honorarios, más tarde observados por la Contraloría por carecer de respaldo legal.
Las observaciones de Contraloría
La auditoría de Contraloría, contenida en la resolución N°14524–14575 del 2 de octubre de 2025, estableció que la UA firmó convenios y traspasó fondos sin sustento jurídico, asumiendo incluso deudas laborales de una entidad privada.
El informe detalla pagos irregulares, tratos directos sin fundamento legal y un deficiente control financiero que comprometió recursos fiscales por más de $3.000 millones. Entre los montos observados se incluye el trato directo con la empresa Seidor Chile S.A. por $574 millones para la implementación del sistema SAP, además de otros contratos complementarios y licencias asociadas al mismo sistema, que elevan el monto total observado en este ítem a cerca de $900 millones.
Además, se mencionan Transferencias a la Corporación de Desarrollo Norte Grande, donde la universidad contrató créditos bancarios y transfirió más de $2.000 millones a esta entidad privada que administraba el hospital, sin respaldo jurídico ni control presupuestario, según Contraloría. Parte de esos fondos fueron usados en compras, servicios y arriendos sin documentación suficiente o fuera de los objetivos aprobados.
Asimismo, entre las observaciones más graves, el organismo detectó que la universidad asumió el pago de indemnizaciones laborales a exfuncionarios de la Corporación Norte Grande, sin mantener vínculo laboral con ellos, constituyéndose como codeudor solidario, lo que comprometió fondos públicos.
Las causas judiciales y el rol del diputado Araya
Documentos del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acreditan que el hoy diputado Jaime Araya Guerrero (PPD) actuó como abogado patrocinante y apoderado en las causas laborales T-34-2019, T-66-2019, T-79-2019 y T-92-2019, todas vinculadas al Hospital Clínico UA.
Las demandas fueron interpuestas por Max Pizarro Pavéz, Daniela Monardes Gómez, Nelson León Gómez y Vicky Gutiérrez Cortés —esta última pareja del parlamentario—.
De acuerdo con los avenimientos judiciales firmados por el propio Araya, la universidad asumió $78.328.496 en indemnizaciones y $7.835.000 en honorarios profesionales, totalizando $86.163.496.
Los expedientes del Poder Judicial incluyen la firma de Jaime Araya en los convenios y actas de pago, donde acusa recibo de los montos en representación de los demandantes, confirmando su participación directa en los juicios posteriormente observados por Contraloría.
Consecuencias y sanciones
Como resultado, Contraloría propuso destituciones, suspensiones y multas a funcionarios y exautoridades, y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles responsabilidades penales y civiles.
El caso sigue generando repercusiones políticas, administrativas y académicas, al involucrar tanto a exautoridades universitarias como a actuales representantes del Estado.
Documentos públicos y transparencia
Todos los antecedentes provienen de fuentes oficiales, resoluciones de Contraloría y expedientes judiciales del Poder Judicial de Chile, disponibles para verificación pública.
Todos los antecedentes citados en esta cobertura —informes de Contraloría, resoluciones administrativas y expedientes judiciales— son documentos oficiales y de acceso público, disponibles para consulta ciudadana.
Diario Antofagasta reafirma que su cobertura del Caso Hospital Clínico UA se basa exclusivamente en fuentes verificables, registros oficiales y documentos públicos, en cumplimiento de la Ley N°19.733 sobre Libertades de Opinión e Información.
Y hasta ahora, nadie paga, es más continúan entregando asignaciones de mercado que no corresponden