En 1995 los periodistas Víctor Osorio e Iván Cabezas publicaron el libro “Los hijos de Pinochet”, una investigación sobre los personajes clave que se hicieron del poder político y económico al amparo del dictador (no sus descendientes biológicos). El Mostrador reproduce íntegro el capítulo sobre “el yerno” del general, quien se quedó con la propiedad de la empresa estatal y armó al amparo de esta una red política y de negocios que lo convirtieron en un intocable durante la transición.
Las casas de los años 20 aún están ahí. Calles sin pavimento, con el polvo cubriéndolo todo. Villas y casinos para supervisores y empleados en un sector, y en otro, las viviendas de los obreros casados y los antiguos pasillos destinados a los solteros.
Pero también hay hechos nuevos en los dos últimos campamentos salitreros de la pampa. Por ejemplo, un verdadero cordón de miseria a escala local, que se ha levantado en el sector entregado a los trabajadores de los contratistas. Ahora ya no es el nombre de la Anglo Lautaro Company el que se pronuncia con miedo. Quien señorea en el salitre chileno se llama Julio Ponce Lerou.
Lo llaman El Yerno.
“Los yernos del general Pinochet tampoco han quedado ausentes de los beneficios del poder: Don Julio Ponce fue director de CONAF, presidente de Celulosa Constitución y en la actualidad es gerente de empresas CORFO, uno de los puestos más importantes y claves del país. De él dependen empresas como ENAP, ENDESA, IANSA, CHILECTRA y otras”.
El texto data de 1980. Es un párrafo de un libro preparado entonces por una minúscula organización de izquierda, de filiación trotskista, llamada R-2 (Resistencia Revolucionaria). Editado en forma clandestina e impreso a mimeógrafo, en sus 183 páginas intentó reunir elementos de denuncia contra la dictadura militar. Toda una hazaña en esos tiempos en que la represión era cosa seria.
Doce años después, el escenario ha cambiado radicalmente. Es mayo de 1992 y desde unas oficinas que enfrentan el Parque Forestal, Carmen Frei Ruiz-Tagle, sostiene una conversación telefónica con su hermano Eduardo. Viene llegando del norte y su visión de la zona salitrera es alarmante. “La situación es de extrema gravedad”, sostiene la senadora democristiana: “tratan a los trabajadores como esclavos”. “Además, agregó, la compañía financia abiertamente a los candidatos a concejales de la derecha. Hay un tal Manuel Rojas, de la UDI, actual alcalde designado en María Elena y que ahora va de candidato a concejal en una municipalidad cuya sede está construida en el mismo territorio de SOQUIMICH”.
Poco de qué sorprenderse, pues la totalidad de las edificaciones, tanto de María Elena como de Pedro de Valdivia, incluidas las casas de los obreros, pertenecen a la empresa.
“Todos sabemos —agregó la senadora— que Ponce Lerou, según él lo admitió, financió a Büchi en 1989″.
No fue fácil convencer al hermano, a la sazón presidente de la Democracia Cristiana. Frei no ignoraba las complejas y evidentes implicancias políticas de la situación. “¿Por qué no vienes tú mismo a comprobar lo que está pasando en terreno? —Insistió la senadora—. Tienes una gira de proclamación de los candidatos del partido la semana que viene. ¿Por qué no aprovechas la oportunidad?”.
Poco después, el día 23, el senador Eduardo Frei habló golpeado contra la mayor empresa procesadora de salitre y yodo del país, SOQUIMICH (Sociedad Química y Minera de Chile), cuyo accionista mayoritario y presidente del directorio, yerno del general Pinochet, es Julio Ponce Lerou.
Todo esto no puede haber sido ajeno, ciertamente, a los claros signos de hostilidad con que fueron recibidos los senadores. Gruesos maderos cruzados en la pista de aterrizaje fueron la primera advertencia de que no eran bienvenidos por la empresa. Después, camionetas tripuladas por civiles no identificados siguieron a la pequeña comitiva de los Frei.
Fue un anticipo de lo que les esperaba, porque su sorpresa debe haber sido muy grande durante el encuentro que sostuvieron con una veintena de militantes de su partido. Una reunión semiclandestina con claras señales de que el miedo los paralizaba. ¡Militantes del conglomerado político más poderoso del país, el principal partido del gobierno, estaban aterrorizados!
En declaraciones públicas Frei dijo, entre otras cosas, que en las salitreras los trabajadores viven “como animales” y en un ambiente de intimidación “propio de un campo de concentración”. A su vuelta a Santiago, se entrevistó con el Presidente Patricio Aylwin para denunciar todo aquello de que había sido testigo, y en esa reunión el mandatario hizo pública su determinación de crear una comisión interministerial para investigar la situación.
El anuncio produjo inmediatas reacciones. Connotados personeros públicos salieron en defensa de SOQUIMICH y de su principal directivo. Entre ellos, dirigentes empresariales, como Hernán Briones, presidente de la SOFOFA, más algunos parlamentarios, como la diputado, entonces de Renovación Nacional, Evelyn Matthei.
Hubo nerviosas reuniones de diverso carácter. Ejecutivos de la empresa —que durante meses se habían negado a entrevistarse con Carmen Frei— se reunieron con la directiva del Partido Demócrata Cristiano, mientras altos personeros del gobierno se contactaban con el Ejército para asegurarles que la denuncia de Frei contra la empresa de Ponce Lerou no debía interpretarse como parte de una ofensiva contra el general Pinochet.
Pasado el tumulto, todo siguió igual en el salitre. Incluso Manuel Rojas fue electo alcalde de María Elena. El poder del Yerno continúa siendo incontrarrestable.
Julio Ponce nació en Calera, hijo de un respetable doctor de la localidad Llegó a Santiago a estudiar ingeniería forestal, donde conoció a sus dos grandes amigos: Patricio Contesse y Carlos Stutz.
Pudo ser sólo uno de tantos oscuros ingenieros, sino hubiera tenido la fortuna de casarse con Verónica Pinochet Hiriart, emparentándose con quien pasaría a la historia como jefe supremo del país durante un dilatado período.
Su carrera fue meteórica, aunque transcurrió en medio del desprecio de la gente de fortuna más tradicional y el franco rechazo de quienes se vieron afectados por su demoledor avance.
Pero el ingeniero supo defenderse. Demostró tener verdaderas dotes comerciales y supo armar un complejo andamiaje empresarial. El otrora modesto ingeniero forestal es hoy el patrón en miles y miles de hectáreas de yacimientos de nitrato y de pastizales para la engorda de ganado. En sus propiedades, su nombre se menciona con singular temor.
Su estilo de dirección ha hecho historia. Como cuando, siendo director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), ordenó el cierre de un aserradero. El jefe del establecimiento parecía no entender, arguyendo que en la semana siguiente le enviaría un detalle de la situación. Ponce Lerou fue terminante: “No, huevón. ¡Lo cerramos ahora!” El funcionario insistió: “Hay que avisarle a la gente, preparar los finiquitos. Yo creo que este viernes podemos parar los equipos”. El Yerno fue más explícito: “No has entendido na’, viejo. Párate, anda a los transformadores y bájame la palanca, ¡pero ahora!” Los troncos quedaron a medio cortar y la faena paró a media mañana.
La idea de reducir el tamaño del Estado —regla de oro de la política de los Chicago boys— fue aplicada por él de modo inversamente proporcional al empeño que puso en el crecimiento de sus propios negocios.
Luego de concluidos sus estudios universitarios, Ponce viajó Ontario, Canadá, a realizar su práctica profesional. De vuelta en Chile, contrajo matrimonio y comenzó a trabajar en Industrias Forestales (INFORSA), y en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. Como toda la familia, la política le era relativamente indiferente y tenía vagas inclinaciones centro-izquierdistas.
Buscando mejores horizontes económicos en 1972 viajó a Panamá, donde llegó a ocupar el cargo de subgerente del aserradero El Chagres. En julio de 1973 regresó definitivamente, llamado por su suegro para asumir la dirección ejecutiva de CONAF.
No perdió el tiempo en actividades ajenas al rubro. Mientras se desempeñaba en CONAF asumió la presidencia de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco, la dirección ejecutiva de INFORSA y la jefatura de Industrias Forestales de CORFO. Hacia fines de 1975 se dio tiempo para presidir el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, uno de los predios más ricos en reservas forestales del país. Allí estará hasta 1982.
Más tarde vendrá la gerencia general de empresas CORFO.
En octubre de 1980 formó la Sociedad Ganadera y Forestal Martell Ltda., en asociación con Javier Vargas Nielo, gerente agropecuario del Complejo Panguipulili. Esta sociedad llegará a disponer, entre otros, de los fundos Tres Palos, El Caulle, El Manzano y Hoyería.
En diciembre de 1980, Ponce abandonó CONAF. Para entonces tenía en sus manos la presidencia de la Compañía de Teléfonos y de la Industria Nacional Azucarera (IANSA), además de integrar el directorio de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).
En 1981 compró a Eustaquio Proboste los fundos “El Pafi” y “Río Bonito”, de mil 820 hectáreas, en 18 millones de pesos. De ellos sólo pagó tres millones. ¿Y el resto del dinero? Un hábil e intrincado enredo jurídico, en el que contó con la asesoría de uno de sus nuevos amigos, el abogado Pablo Rodríguez, dejó a los Proboste incapacitados para cumplir su parte del contrato.
Un protagonista clave de la operación fue el compadre de Ponce, el ingeniero Carlos Stutz, quien era, a la fecha de la compra, ejecutivo de SOQUIMICH y la Compañía de Teléfonos. La escritura de compra fue redactada por el abogado y fiscal de CONAF, Armando Gutiérrez. El presidente de las tres instituciones estatales era precisamente Julio Ponce.
El 27 de mayo de 1983 pidió un préstamo de 780 mil dólares al Banco Andino de Panamá, entidad ligada a Javier Vial. Según Ponce, ese préstamo serviría para pagar la deuda pendiente con Proboste, cosa que no hizo. La garantía estaba constituida por cuatro mil vaquillas que debían permanecer en el fundo de Proboste. ¿Qué hizo entonces con la plata? ¿Compró las cuatro mil vaquillas? Más tarde, arregló el litigio pagando seis millones a seis años plazo.
En 1981 dejó la presidencia de IANSA y al año siguiente asumió la presidencia del directorio de ENDESA.
Por esas fechas arrendó en sólo 20 mil pesos mensuales un predio —el fundo “Quenchumalal”— de nueve mil hectáreas, de propiedad de la Caja de Empleados Públicos. ¡Su avalúo fiscal era de 15 millones de pesos!
Ese mismo año formó una nueva sociedad: la Compañía de Inversiones Agroforestal FRAJ Ltda., que en junio de 1983 va a figurar constituyendo, en asociación con Alberto Reyes y Ramiro Soffia, la Inmobiliaria El Cuadro Limitada, formada para “la explotación agrícola, forestal y ganadera de predios propios o ajenos”. En Fraj, Ponce aparecía con su hermano Gustavo, en ese entonces representante diplomático en Japón. Esta sociedad se mostró muy activa desde el principio. En marzo de 1983 ganó en licitación la hacienda “Nueva Etruria”. Tenía 11 mil hectáreas y pertenecía a CONAF.
Un hecho curioso es que Gustavo, antes de convertirse en codueño, había señalado como domicilio particular suyo la hacienda “Nueva Etruría” para un asunto legal: la autorización que la Subsecretaría de Pesca le otorgó para el inicio de la explotación del choro zapato.
A la cadena interminable de cargos ocupados por Julio Ponce se agregaba, entretanto, un nuevo florón: delegado del gobierno ante Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Su prolongado peregrinaje por las empresas estatales le sirvió para fijar su mirada en SOQUIMICH y decidir que sentaría allí sus reales, convirtiendo el negocio salitrero en su principal base de poder.
Hacia 1979, SOQUIMICH era una de las tantas empresas deficitarias de la CORFO. Perdía más de 20 millones de dólares al año. La intervención era urgente y la cruzada modernizadora no podía quedarse a medio camino. Ya había sido cerrada la Oficina Victoria y el posible cierre de María Elena era un rumor que rondaba los campamentos. En 1980 entraron a SOQUIMICH Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse, indudablemente su hombre de mayor confianza. Ambos habían aprendido ya el ABC de la racionalización.
En 1981, con Julio Ponce Lerou a la cabeza de SOQUIMICH llegó al departamento de ventas su hermano Eugenio.
En el diario alemán Die Welt del 5 de enero de 1983, declaraba Francisco Baraona, hermano del ex ministro Pablo Baraona: “Se critica al Presidente por el poder y la influencia que han cobrado su mujer y sus diversos familiares. Particularmente se habla de uno de sus yernos, quien gracias a su parentesco ocupa diversos puestos simultáneamente… Hace algún tiempo era un simple empleado público, posición que en Chile siempre ha sido mal pagada y a través de la cual nadie ha llegado a ser millonario”.
En tanto, en abril, Ponce trepaba a la gerencia general de CORFO.
A mediados de ese año circuló profusamente un documento anónimo entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas y autoridades del régimen militar. En él se relataban pormenores del supuesto enriquecimiento ilícito de Julio Ponce Lerou. Se denunciaba, por ejemplo, que mientras ocupó el cargo de director ejecutivo de CONAF, había ampliado sus negocios ganaderos y forestales en el sur del país.
Ponce Lerou acusó al ex fiscal militar de Temuco Alfonso Podlech y al abogado Ricardo Claro de estar tras el libelo. Dijo que pagaron a una periodista para que redactara el anónimo. Los acusados respondieron con querellas. También intervino el dirigente de los productores de trigo, Carlos Podlech, hermano de Alfonso, quien comentó: “Tendrá que salir la verdad y se dará la ocasión para que Ponce justifique su fortuna que se extiende por Coyhaique, Osorno, Temuco, Pitrufquén. En todo el sur se habla de él”.
El abogado Ricardo Claro, por su parte, sentenciaba: “Ni el yerno del Presidente de la República tiene facultades para sentarse en la ley”.
Según Podlech, Julio Ponce se escudaba en la persona del general Pinochet y lo hacía porque tenía mucho que ocultar. “No interesa el fondo de quién financió el anónimo —agregó— sino cómo, en tan poco tiempo y simultáneamente a sus altos puestos en organismos del Estado, el señor Ponce Lerou ha edificado una gran fortuna. He recibido muchos antecedentes en estas últimas semanas en que se describen sociedades que ha creado, inmensas ayudas crediticias que ha recibido. Y se echa de menos que aún no conteste el emplazamiento que le hice para que presente el inventario de sus bienes”.
Por esos días, Ponce escribió a su suegro una emocionada carta: “Desde hace un tiempo, he sido blanco de los más deleznables ataques calumnias que, sin asidero ninguno en la verdad, y en forma anónima y cobarde, se han lanzado en mi contra. Lo inusitado y la saña con que se está procediendo me ha hecho pensar que se persigue un propósito que va más allá de mi modesta persona. En razón de las consideraciones anteriores, teniendo presente que lo más sagrado para un ciudadano es su patria, y en lo particular, su alta investidura, todo lo que está muy por encima del suscrito y de sus intereses particulares, he estimado dejar a vuestra Excelencia en libertad, poniendo a su disposición el cargo de gerente general de CORFO”.
En esa carta Ponce le prometió a Pinochet salir al paso… “con dignidad y hombría” de todos los rumores en su contra.
Tras ello, desapareció temporalmente de la escena pública.
Ponce Lerou no perdió el tiempo. Juan Rasmuss, próspero empresario minero de origen peruano, lo contrató como asesor personal. Los múltiples contactos del Yerno fueron aprovechados por el empresario, un hombre de muy bajo perfil público pero de enorme poder. Gracias a los buenos oficios de Ponce, Rasmuss multiplicó su cuantiosa fortuna. Se dice que su patrimonio personal se calcula hoy en más de 150 millones de dólares.
La Compañía Exportadora de Minas (CEMIN), propiedad del Rasmuss, mantiene hasta hoy participación accionaria en la privatizada SOQUIMICH y el propio Rasmuss es uno de sus directores.
Mientras cultivaba estas amistades, El Yerno ejecutó una de sus operaciones comerciales más espectaculares. El 16 de julio dio vida a la Sociedad Ganadera Monasterio, constituida a partir de FRAJ Ltda., con la participación de su hermano Eugenio y de su compadre Carlos Stutz. En menos de un mes la CORFO le aprobó un préstamo por 15 mil UF para “financiar parcialmente” un proyecto de crianza de ganado de vacuno en el predio La Estancilla de Puchuncaví. Es la única empresa que ha recibido en un tiempo tan corto tanto dinero.
El 5 de octubre de 1984, la CORFO aceptó como garantía hipotecaria, según consta en escritura pública, los siguientes valores: 1) Hipoteca general y prohibición de venta sobre la parcela N°17 del Proyecto de parcelación “El Rosal” de Conchalí; 2) prenda agraria y prohibición de venta sobre 233 vaquillas; y 3) fianza solidaria de las empresas FRAJ y Procar, ambas de propiedad de Julio Ponce Lerou.
En 1980 había adquirido el primer predio en 700 mil pesos; en 1984 lo vendió a una de sus empresas en más de dos millones. Después la CORFO, al recibirlo en garantía, lo tasó en cuatro millones de pesos. Ninguna nota aparecía en la carpeta de crédito que justificara una tan rápida sobrevalorización.
Un año después de su formación, la sociedad aumentó su capital a 54 millones de pesos. Exactamente una semana después la CORFO le hizo entrega de un segundo préstamo por 135 mil UF (971 millones de pesos). Se indicó como objetivo del préstamo el desarrollo de un programa ganadero. El acuerdo de CORFO se obtuvo fuera de tabla en sesión de su Comité Ejecutivo, según señala el acta N° 389 del 22 de julio de 1985.
Nuevamente, por documento notarial, Julio Ponce Lerou se comprometió a invertir los fondos en la adquisición de una masa de ganado compuesta por 2.760 vaquillas preñadas Hereford y en la implementación de 1.100 hectáreas de praderas artificiales en los predios El Cuadro, en la comuna de Casablanca; La Estancilla, en Puchuncaví, y Puyehue, en la comuna de Entre Lagos. Como fórmula de pago se establecieron seis cuotas anuales y sucesivas a partir del 31 de julio de 1987, fecha en que se acordó el pago de la primera cuota.
A los pocos días de haberse concedido el segundo préstamo, Ponce Lerou pidió a la CORFO la sustitución de parte de la garantía prendaria en vaquillas por el primer préstamo por una hipoteca sobre 410 mil metros cuadrados de terreno urbano en la comuna de Maipú. Según se explicó ante los miembros del comité ejecutivo de la CORFO, las nuevas prendas “mejoraban las garantías de pago”. Además de la garantía hipotecaria sobre ocho predios del proyecto de parcelación El Abrazo de Maipú, se agregó una prenda agraria sobre mil 720 vaquillas de reproducción.
Dos años después, faltando cuatro meses para que se cumpliera el plazo para el pago de la primera cuota, la CORFO aceptó en “dación de pago” las ocho parcelas de Maipú, otras tres en la misma comuna, la parcela de Conchalí y un lote de 670 vaquillas. Más tarde se aumentaría a mil 611 el número de vaquillas. La Sociedad Ganadera Monasterio argumentó ante la CORFO encontrarse en dificultades financieras, en virtud de las cuales la CORFO estipuló que la “dación de pago” debería concretarse, en no más de 90 días a contar de marzo de 1987.
Pero el pago no se efectuó en fecha fijada, mayo de 1987, sino que se concretó en julio de 1988, es decir con un año y dos meses de retraso.
Según investigaciones realizadas por técnicos de la Concertación, la cancelación se habría hecho en términos irregulares, pues las propiedades entregadas en caución se habían sobretasado y los animales estaban enfermos. Un lote de tres parcelas que había sido comprado por la sociedad de Ponce Lerou en 3 mil 100 UF, fue tasado por la CORFO dos meses después en 17 mil 076 UF. Lo mismo ocurrió con la parcela Nº 5217 de Concha1í, tasada en 13 mil 255 UF por la CORFO, siendo que su avalúo fiscal fue de 640 UF y su precio de venta final de 4 mil 344 UF.
Con respecto a las ocho parcelas del Proyecto de Parcelación El Abrazo de Maipú, la tasación de CORFO les dio un valor de 80 mil 665 UF, en tanto que su avalúo fiscal fue de poco más de 6 mil UF. En el momento de realizarse la investigación sobre la Sociedad Ganadera Monasterio, se intentó licitar una de las parcelas de Maipú, la N° 10, al precio preferencial de 2 mil 430 UF.
La sobrevaloración efectuada por funcionarios de CORFO en la tasación de los predios entregados en garantía hipotecaria, habría provocado una pérdida para el Estado de aproximadamente 575 millones de pesos. Respecto de los animales, la situación también fue irregular. Desde las primeras entregas se detectó “la deficiente y mala calidad de los piños”, como consta en una de las minutas de acta de recepción.
En las mimas actas de recepción del ganado entregado como forma de pago por Ponce Lerou se dejó constancia que todo el ganado recibido sufría de brucelosis, es decir, estaba condenado a muerte, pues todo vacuno afectado de ese mal debe ser sacrificado de inmediato. Obviamente, ninguna vaca afectada de brucelosis podría ser catalogada de “reproductora”. Sin embargo, Ponce Lerou las entregó en pago en esa calidad, lo que fue estipulado notarialmente. Como consecuencia de ello, la CORFO recibió animales tasados a cien mil pesos por cabeza, siendo que no obtuvo en la feria más de 50 mil pesos por cada uno.
Comparando el precio al que la CORFO recibió los animales, con el que finalmente obtuvo por su venta, la pérdida para el Estado se calculó en 12 mil UF. Si a esto se agrega que la Sociedad Ganadera Monasterio no cumplió su compromiso de traslado, cuidado y administración de los animales hasta su venta, gasto que debió asumir la CORFO, la pérdida para el Estado ascendió a 49 mil 244 UF (354 millones de pesos). Ese fue el resultado del primer y último pago que realizó Julio Ponce Lerou a la CORFO para cancelar dos préstamos por un monto cercano a los mil 78 millones de pesos.
Fue llevado a los tribunales, pero no ocurrió nada. La única consecuencia fue que tantas preocupaciones terminaron por alterarle el sistema nervioso, debiendo someterse a tratamiento terapéutico especializado.
En diciembre de 1989, Ricardo Lagos denunció que la CORFO había registrado pérdidas por 1.143 millones de dólares entre 1985 y 1988 por concepto de venta de acciones de empresas públicas a un precio menor al de su valor libro. Lagos afirmó que con los dineros que dejó de recibir el Estado se podrían haber construido otras tres líneas de Metro. Además, agregó que hubo irregularidades en la venta de paquetes accionarios de las empresas públicas a los propios gerentes designados para administrarlas.
Mencionó explícitamente a SOQUIMICH y a Julio Ponce Lerou. Un año después, la revista Página Abierta informaba:
“La orden de venta del 30 por ciento del paquete accionario de SOQUIMICH —resolución 00219 de CORFO, del 4 de julio de 1923— fue expedida mientras Ponce Lerou ocupaba la gerencia general de CORFO y desempeñaba la presidencia de SOQUIMICH, que entonces era del Estado”.
El “capitalismo popular” comenzó a dar sus primeros pasos en SOQUIMICH, anunciados ya en febrero de ese mismo año, cuando el gerente de empresas CORFO, y representante en la Subcomisión de venta de activos, Eugenio Ponce Lerou, recordó que el gobierno había establecido la venta de bienes del Estado y su formalización y, como un objetivo secundario, la atomización de la propiedad.
Pocos días después, el 18 de marzo, SOQUIMICH fue inscrita como Sociedad Anónima abierta en la Superintendencia de Valores. El 6 de junio fue admitida en la Bolsa de Comercio de Santiago. Hasta entonces, CORFO tenía el 99,99% de las acciones y ENDESA el 0,001 % restante.
Aquel año, el último en que Ponce Lerou estuvo a la cabeza del directorio de SOQUIMICH, fue vendido el 1,3 % de la empresa, es decir, aproximadamente un millón y medio de acciones.
La Compañía Exportadora de Minas Cemin, Ligada a quien luego sería su gran socio, Juan Rasmuss, adquirió un 0,82% de las acciones, más dé un millón. También apareció como accionista Julio Ponce Zamora, padre del presidente del directorio de SOQUIMICH.
Julio Ponce, en su calidad de gerente de empresas de CORFO, propuso la venta de acciones de SOQUIMICH y ENDESA a través de la Bolsa hasta un 30% de su capital. En ese momento aún no se reconocía que se caminaba hacia la privatización total.
Desde 1983 —cuando se transaron en la Bolsa de Comercio de Santiago sus primeras acciones— hasta 1988, cuando se completó totalmente su privatización, SOQUIMICH fue el centro de una serie de discutibles operaciones financieras, protagonizadas por Ponce Lerou, su padre, sus hermanos y sus amigos, primero como funcionarios de gobierno y más tarde como particulares.
Ponce Lerou ya no estaba en SOQUIMICH, aunque en verdad seguía presente. Su hermano Eugenio, numerosos ejecutivos y empleados leales, esperaban el momento de su retorno triunfal.
Con el nuevo código minero, establecido por el régimen militar, los nitratos y sales análogas, el yodo y los compuestos químicos de estos productos ya no quedaban reservados exclusivamente al Estado. Sin embargo, la Dictadura dispuso un periodo de seis meses para que CORFO y SOQUIMICH fuesen los únicos que pudieran constituir propiedad sobre estos recursos mineros.
En marzo de 1984, CORFO entregó poder a un grupo de abogados vinculados a SOQUIMICH —entre ellos, Armando Gutiérrez— para que presentaran los pedimentos correspondientes. Ellos manifestaron propiedad minera en favor de CORFO sobre los yacimientos más importantes de salitre y yodo de la I y II Región, considerados los mejores del mundo, y correspondientes al 90 % de los existentes en todo el país.
Hubo protestas por esta decisión. Compañía de Salitre y Yodo de Chile (COSAYACH) fue la empresa reclamante. Pertenecía al futuro candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz. En una demanda contra SOQUIMICH y CORFO, denunció que en 1985 “CORFO transfirió directamente, sin licitación previa, sin previo conocimiento y refrendación de la Contraloría General de la República, a espaldas del público y por un precio irrisorio (poco más de ocho millones de pesos, que nunca se pagaron totalmente), el total de sus derechos sobre esas propiedades mineras a SOQUIMICH”.
En la operación los hombres de Ponce Lerou acapararon para SOQUIMICH más de 93 mil hectáreas de terreno (siete veces la superficie de Isla de Pascua), con los mejores yacimientos de yodo y salitre, incluidos Pedro de Valdivia y María Elena. El proceso de privatización estaba en pleno desarrollo. Sólo faltaba saber quiénes tomarían el control. La empresa empezó a tener utilidades. En 1986 se decidió aumentar la participación del sector privado hasta el 49 % del capital social.
Ese año, un ejecutivo de SOQUIMICH, el gerente general Eduardo Bobenrieth, enfrentado a un período de negociación colectiva con los trabajadores, tomó una medida que abriría paso a la captura de la empresa por parte de Ponce Lerou. CORFO le había prohibido a Bobenrieth negociar con los trabajadores las utilidades futuras de la empresa.
Los sindicatos pedían una gratificación fija y, si las utilidades sobrepasaban lo calculado para el primer caso, ellos pedirían que se les pagara la diferencia. Bobenrieth consultó al ministro de Hacienda, Hernán Büchi, y éste le respondió que estaba de acuerdo, siempre y cuando la pagara en acciones. Se negoció la diferencia en acciones y, en dos años, hasta 1987, los trabajadores pasaron a ser dueños del 4,2 % de SOQUIMICH.
Bobenrieth dio vida así a la Sociedad Pampa Calichera el 25 de noviembre de 1986. La base de la sociedad eran las acciones que él, otros ejecutivos y los trabajadores tenían en SOQUIMICH. Las acciones recibidas por los trabajadores como parte del convenio colectivo se multiplicarían por tres, por la vía de unirse en sociedad, pedir créditos a los bancos y luego pagarlos con los dividendos. Se les prometió que finalizado ese objetivo, en unos pocos años, la sociedad se dividiría y le entregarían a cada persona el triple de las acciones de SOQUIMICH aportadas originalmente.
En mayo de 1987 reapareció Ponce Lerou en el directorio de la empresa y en septiembre ya era el presidente del directorio. En diciembre de ese año CORFO tenía el 17,99 % de la compañía y Pampa Calichera era el segundo accionista con el 12,34 %. Ponce contaba entonces con el apoyo de capitales nacionales y norteamericanos —ICC, una filial del American Express Bank— y con los directores de SOQUIMICH, Enrique Valenzuela Blanquier —ex ministro de Minería—, el brigadier René Mendoza y el brigadier de Ejército Guillermo Letelier, ex vicepresidente de CORFO, posterior director de FAMAE en tiempos del gobierno de Aylwin, e íntimo colaborador del general Pinochet.
La estrategia para la toma de SOQUIMICH era compleja. Pampa Calichera aparecía como un obstáculo real y el único camino era su cooptación. La Sociedad de Inversiones Oro Blanco, ligada a Ponce Lerou, a sus hermanos y los ejecutivos y empleados “leales”, poseía el 17,5 % de Pampa Calichera. ¿Qué ocurrió entonces? Dado que el directorio de Pampa Calichera debía incluir a dos ejecutivos de SOQUIMICH, a Julio Ponce le bastaba acumular el 25 por ciento de los votos para tener mayoría en Pampa Calichera, con tres directores. Se produjo un círculo vicioso: AFP Unión tenía un 4,8 % de SOQUIMICH y Pampa Calichera un 10% de AFP Unión. Kowa, una empresa japonesa que comercializaba el salitre en Japón, tenía un 2,6 % de la empresa. Para la administración no era difícil, por lo tanto, conseguir apoyo en las elecciones del directorio.
Durante la primera semana de abril, sujetos no identificados recorrieron en auto los campamentos de la Pampa. Compraban acciones de Pampa Calichera.
Un documento elaborado por la Federación Nacional de Sindicatos del Salitre y filiales número 2 de SOQUIMICH denunció anomalías ocurridas en Pedro de Valdivia, María Elena, Tocopilla y Antofagasta, donde “se recurrió al expediente de presionar a través de la línea de mando interna (ejecutivos y supervisores) con el fin de lograr que los trabajadores-accionistas otorgaran poderes a determinados individuos”. Estos, a su vez, aportaron su consenso en numerosas juntas que permitieron transformar los fines originales de Inversiones Pampa Calichera. El mismo procedimiento fue utilizado para la elección y renovación del directorio.
Hacia 1988 las antiguas lealtades ya se habían roto. Ponce Lerou aceptó la renuncia de Bobenrieth y se produjo el regreso triunfal desde Estados Unidos de su viejo amigo Patricio Contesse, para instalarse en la Gerencia General de SOQUIMICH.
Con su influencia en el directorio de Pampa Calichera cambió el sentido de ella: la convirtió en una sociedad de inversiones, aumentó su participación en SOQUIMICH, adquirió nuevos créditos y compró a un promedio de 800 pesos cada una, acciones que valían menos en la Bolsa, con tal de controlarla rápidamente. Con los poderes recolectados por los jefes de turno se aprobaron cambios de estatutos y compras de acciones para Pampa Calichera. También adquirieron el 10 % de AFP Unión.
El creador de Pampa Calichera, Bobenrieth, intentó dar la pelea. Sus nuevos dueños compraban acciones a los trabajadores y congelaron el precio en 650 pesos. El calculó que estaban siendo engañados y les ofreció 1.700, para obtener nuevamente el control de la sociedad. El directorio contraatacó con una oferta de dos mil pesos por acción. Los trabajadores que aceptaron fueron obligados a firmar dos documentos en blanco en los que no se especifica el precio, el 10 de abril de 1990.
Como no era suficiente para superar la mitad más una de las acciones, “ingresaron a las faenas y mediante presión de amenaza de despidos, de jefes y supervisores, obligaron a una gran cantidad de trabajadores a firmar estos dobles traspasos en blanco”, según denunciaron dirigentes sindicales ante los tribunales de Antofagasta.
Se calculó en diez millones de dólares el valor de los mil traspasos firmados en blanco y, según denunciaron los afectados en un recurso de protección, los documentos estaban en las oficinas de SOQUIMICH en Antofagasta, en calle Aníbal Pinto 3228, el viernes 13 de abril de 1990, donde los llenaban funcionarios designados por la empresa.
Los trabajadores perdieron la mayoría en Pampa Calichera. Pasó a tenerla Oro Blanco, vinculada a la familia Ponce Lerou. En 1991 controlaba el 54,47 % de las acciones.
SOQUIMICH, totalmente privatizada, comenzó a pertenecer a la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, en un 19,50 %; a Inversiones RAC Chile Ltda., en un 10,03 %; a las AFP Provida (7,04 %), Santa María (5,34 %), Habitat (5,10 %); S.Q. Holdings S.A. (4,29 %); GT Chile Growth Found Limited (3,78 %); Cía. Exportadora de Minas Cemin (2,91 %); Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros (2,34 %) e Inversiones ICC Chile Ltda (2,05 %).
Algunos de los hombres que pasaron a controlar el directorio de SOQUIMICH fueron su presidente, Julio Ponce Lerou; su viejo patrón y benefactor Juan Rasmuss; los ex ministros Sergio de Castro y Enrique Valenzuela, y los economistas del régimen militar Ernesto Fontaine Ferreira Nobriga y Juan Carlos Méndez. En la administración estaban Eugenio Ponce Lerou, Patricio Contesse y su hermano Jaime.
El inquieto Yerno no se limitó al salitre y la actividad ganadera. El negocio azucarero estaba en su mira.
La Industria Azucarera Nacional (IANSA) fue creada por CORFO en 1952 y este organismo fue hasta el 30 de septiembre de 1986 su principal propietario, con un 99,65 por ciento del capital social. En el mes de octubre de ese año el equipo económico del régimen militar autorizó al entonces vicepresidente ejecutivo de CORFO, Fernando Hormazábal, para vender acciones de IANSA, prescindiendo de los trámites de licitación en subasta pública. El precio de las acciones se fijó a 0,80 pesos cada una para ser ofrecidas a trabajadores y a agricultores vinculado a IANSA (Acuerdo 0126 del 21 de octubre de 1986, del Consejo de CORFO). El precio de Bolsa a la época de esta operación comercial era superior en un 7 % al fijado por los ejecutivos de CORFO.
A fines de 1987, IANSA ya contaba con tres accionistas principales: CORFO, con un 51 %; Tanner y Cía, con un 2,71 %; y Citicorp Chile, con un 1,09 %. En el curso de un año, el proceso de privatización daba resultados. Por eso, en sesión extraordinaria del Consejo del 15 de abril de 1988, Fernando Hormazábal comunicó que, en cumplimiento de estos planes, se autorizaba la venta de acciones de IANSA hasta que el sector privado alcanzara un 75 por ciento de participación. No se especificó, sin embargo, él sistema de venta que se utilizaría para esta nueva operación.
Un mes después, ese acuerdo fue nuevamente cambiado, autorizándose la venta del 90% de acciones de propiedad de CORFO, resolución que fue nuevamente modificada el 5 de julio, autorizándose la venta en la Bolsa del 100% de las acciones que CORFO tenía en IANSA.
Al 31 de diciembre de ese año, la industria estaba ya en manos de intereses privados, siendo sus principales accionistas Campos Chilenos S.A., con un 33,36 por ciento; CIFC II, con un 18,34 %; CIFC III, con un 8,20 %; Merkuria Chile, con un 4,83 %, y Tanner and Continental, con un 3,5 %. SOQUIMICH y Julio Ponce Lerou también participaron en el negocio. Partieron con un 7,5 % de las acciones.
La privatización de IANSA se realizó de acuerdo a la legislación vigente, esto es, el DL 1068 de la Junta Militar. Sin embargo, quienes realizaron la operación comercial cometieron una serie de irregularidades violando dicha legislación. En una investigación realizada por expertos próximos a la Concertación, se señaló que “la forma de enajenación hecha a sectores de trabajadores y agricultores vinculados comercialmente a IANSA constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 19 N° 22 puesto que las ventas se hicieron a un precio inferior al que a la fecha de realizarse teman las acciones en la Bolsa de Comercio”.
La privatización de IANSA significó una pérdida de 47 millones 628 mil 514 dólares para CORFO.
En 1992 SOQUIMICH logró cuadruplicar sus utilidades pasando de los US$ 4,1 millones que obtuvo en 1991 a US$ 171 millones.
Es no solo una de las compañías más importantes del país, sino también la mayor productora de salitre y yodo del mundo, con un plan de inversiones por 240 millones de dólares en los próximos años; filiales y oficinas de representación en 75 naciones de los cinco continentes y exportaciones por más del 80 % del total de sus ventas de productos propios.
Al 31 de diciembre de 1992, los 12 mayores accionistas de SOQUIMICH eran: Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. (19,99 %); Inversiones RAC Chile Ltda. (con capitales de Israel, se le considera proclive a Ponce Lerou, con un 12,00 %); AFP Provida S.A. (7,00 %) Fondo de Mercados Emergentes chile Ltda. (5,00 %) Inversiones Norte Grande S.A. (vinculada financieramente a Ponce Lerou, tiene un 4,64 %); S.Q. Holding S.A. (4,07 %); AFP Santa María S.A. (3,92 %); GT Chile Growth Found Limited (2,97 %); Inversiones La Esperanza Ltda. (2,91 %); CAP S.A. de Inversiones (2,67 %); AFP Summa S.A. (2,52 %) y Fondo de Inversiones Emergentes Chile Ltda. (2,29%). En su conjunto controlan un 69,98 % de las acciones de la empresa.
En SOQUIMICH se concentraron varias generaciones de Chicago boys y próceres neoliberales de alto rango. De acuerdo a datos de 1992, en el directorio, presidido por El Yerno, aparecían el ex ministro Sergio de Castro Spikula, Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga, integrante del equipo económico del régimen (ligado también al grupo ENERSISENDESA), y Juan José Hurtado Vicuña, viejo amigo de Hernán Büchi y prohombre del equipo económico de los militares. En la administración estaba Patricio Contesse como Gerente General.
También estaba el antiguo directivo de la CORFO, Guillermo Letelier, uno de los responsables de la privatización de las empresas públicas. Letelier era también parte del directorio de una filial de SOQUIMICH, Sociedad Electromaestranza S.A., empresa cuyo objeto social es la fabricación y mantención de repuestos, partes y piezas de equipos.
Asimismo, Pablo Baraona Urzúa, ex ministro de Economía del régimen militar, era director de SQM Nitratos S.A.
Si se revisan los diferentes escalones del entramado empresarial de SOQUIMICH, puede observarse además que todo queda en familia.
El hermano de Patricio Contesse, Jaime, forma parte del directorio de SQMI Europe de Bélgica y es gerente general de SQMI Corporation de Estados Unidos. El hermano de Julio Ponce, Gustavo, es gerente general de SQMI de Bélgica. El otro hermano, Eugenio, forma parte de los directorios de Nitratos Naturais de Brasil, de Nitrate Corporation of Chile de Inglaterra, Chilean Nitrate Corporation de EEUU; Nitrates Sales International de Bélgica; SELMAZA S.A.; SOQUIMICH S.A.; SOQUIMICH Comercial; Servicios Integrales de Tránsitos y Transferencias S.A.; Compañía Química Internacional de Desarrollo Ltda.; SQM Yodos y SQM Potasio. También es gerente general de SQM Nitratos. El compadre de Julio, Carlos Stutz, integra el directorio de SOQUIMICH S.A.R.L. de Argentina. El economista Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga es director de Energía y Servicios S.A.
Julio Ponce y Patricio Contesse son miembros de los directorios de Chilean Nitrate Corporation (EE.UU.); Nitrate Corporation of Chile (Inglaterra), Nitrates Sales International de Bélgica; SQMI Corporation (EE.UU.), SQM Nitratos y SQM Yodo. Además Contesse es director en SOMICH S.A. y SOQUIMICH Comercial S.A.
Fue en la mente de estos hombres —que compartían amistad e intereses— donde, en gran medida, surgió en 1989 la idea de lanzar la candidatura de Hernán Büchi .
Casi tres años después de su derrota electoral, Hernán Büchi volvió a la Pampa. Esta vez como flamante miembro del directorio de la Empresa. Junto a él también llegó su viejo amigo Víctor Renner. Allí se encontrarían con su antiguo protector y guía espiritual: el sacrificado ex empleado público Juan Hurtado Vicuña.
Además, si bien Sergio de Castro ya no es director de la Compañía, debe recordarse que entre los actuales principales accionistas de SOQUIMICH, según datos actualizados a marzo de 1994, se encuentra la AFP Provida (con el 4,76 %), cuyo directorio es presidido por el ex ministro de Hacienda.
La relación de control total que SOQUIMICH ha establecido con los trabajadores ha permitido el desarrollo de prácticas casi feudales. La empresa es propietaria de las viviendas, administra la salud del personal y mantiene la infraestructura de los campamentos.
Las denuncias sindicales han sido permanentes, pese a las condiciones de represión impuestas. Negociaciones colectivas bajo presión, despidos masivos presentados como renuncias voluntarias, campañas de desafiliación sindical impulsadas desde la Gerencia e Relaciones Laborales infiltración y, espionaje en las asambleas sindicales a través de una especie de policía privada y muchos hechos más que marcan el particular enfoque de Julio Ponce Lerou de las relaciones modernas entre la empresa y sus recursos humanos.
Él no oculta, por otra parte su adhesión a la UDI, por cuyas candidaturas, tanto a nivel de municipios como al Parlamento, se ha jugado sin ambigüedades.
La implacable política empresarial de Ponce y Contesse ha afectado la vida de los miles de trabajadores del salitre. Ya se ha anunciado el pronto cierre del histórico campamento Pedro de Valdivia. En una primera fase todos serán concentrados en María Elena y a mediano plazo se anuncia el desmantelamiento total de los campamentos y el traslado masivo de toda la población a Antofagasta. Los trabajadores deberán subir cuatro veces a la semana a la pampa para cumplir la faena minera.
Se estima que aproximadamente 12 mil personas serán trasladadas y que varios centenares serán exonerados.
La presencia masiva de obreros dependientes de contratistas ha roto las tradicionales relaciones de solidaridad y apoyo entre los trabajadores. Los obreros a contrata se ven obligados a aceptar las peores condiciones laborales. Se han disuelto los signos de identidad de otrora y se ha puesto fin a la memoria histórica de los trabajadores del salitre. La que fue la vida de la comunidad obrera en la pampa es hoy cosa del pasado.
Fuente: El Mostrador (Licencia Creative Commons)
