Este pasado domingo 1 de junio, en el marco de su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció que el centro penitenciario Punta Peuco dejará de tener un carácter especial y será transformado en un penal común, poniendo fin a un recinto que durante casi tres décadas albergó exclusivamente a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
“Desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio”, afirmó el mandatario ante el Congreso Nacional, instruyendo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que le dio origen en 1995.
Cambio histórico en el sistema penitenciario
La medida implica que el recinto ubicado en Tiltil abandonará su condición de cárcel especial, permitiendo que pueda albergar a cualquier persona condenada, y no solo a exmilitares o agentes del Estado. “No es solamente una medida de justicia, es también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario”, agregó Boric.
Actualmente, Punta Peuco cuenta con 139 internos, todos hombres, en su mayoría adultos mayores con un promedio de edad de 76 años. De acuerdo a informes oficiales, muchos de ellos presentan enfermedades de base y cumplen sus condenas en condiciones diferenciadas, como celdas individuales.
El cierre simbólico de una etapa
Durante su discurso, el Presidente recordó el cierre del penal Cordillera durante el gobierno de Sebastián Piñera, destacando que su decisión busca seguir avanzando en verdad, justicia y memoria. “Hoy día estamos poniendo fin a Punta Peuco como se le ha conocido”, afirmó.
Desde el oficialismo, la medida fue ampliamente aplaudida, en particular por parlamentarios del Frente Amplio, Partido Socialista y Partido Comunista, mientras que desde la oposición no se registraron manifestaciones, aunque sí se mantuvo el silencio en sus bancas.
Proceso administrativo sin trámite legislativo
Según explicó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el cambio se realizará mediante la modificación del decreto supremo que creó el penal, por lo que no requiere tramitación en el Congreso, sino que debe ser visado por la Contraloría General de la República.
“Lo que se busca es que el penal se transforme en un recinto como cualquier otro en el país, sin una destinación exclusiva para personas condenadas por delitos de lesa humanidad”, afirmó el secretario de Estado.